En la mayoría de las comunidades autónomas, los candidatos avalados desde Madrid por Pablo Iglesias han resultado triunfadores. Canarias, donde la participación en estos peculiares comicios internáuticos fue escasa, no constituyó ninguna excepción.
En años pasados, Pita, militante de Canarias por la Izquierda, ex miembro de Comisiones Obreras y actual dirigente de Co.Bas-Canarias, había tratado de liderar, sin éxito, diferentes procesos electoralistas de "unidad de la izquierda", como lugarteniente del abogado laboralista Joaquín Sagaseta, estableciendo para ello contactos con Nueva Canarias y, con anterioridad, con el Partido Socialista Obrero Español.
Le acompañan en el órgano dirigente de Podemos a nivel regional, entre otros, Noemí Santana - también miembro de Canarias por la Izquierda, ex Secretaria General de las juventudes de Nueva Canarias hasta el año 2012 y empleada, por designación digital de Román Rodríguez, de la empresa pública creada para tratar de imponer un faraónico tren en Gran Canaria que costaría unos 1.500 millones de euros-; el médico Arturo Borges - otro de los hombres de Sagaseta en Tenerife -; el dirigente de Sí se puede por Tenerife y profesor de la ULL Domingo Garí o la ex concejal de Coalición Canaria en Santa Brígida Victoria Casas.
La crisis ha hecho retroceder casi diez
años los ingresos de las familias canarias, ha ensanchado las
desigualdades sociales y ha duplicado con creces el número de personas
que sufren pobreza severa en las islas, que han pasado del 3,5 % de la
población en 2009 al 8,5 % en 2014, según el informe elaborado por el
Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas y el colectivo Redesscan,
para intentar hacer un diagnóstico sobre los efectos de la crisis sobre
la sociedad canaria y sus servicios públicos. 
La ayuda creada por el Gobierno de
Canarias para garantizar las necesidades básicas de las unidades
familiares sin recursos y luchar contra la exclusión social, la
Prestación Canaria de Inserción (PCI), solo llega a uno de cada cien
hogares en los que no hay ningún tipo de ingreso. Así concluye la
investigación sobre la situación de los servicios sociales en el
Archipiélago que elaborado por el Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Las Palmas.
No hay estadísticas oficiales, y además los partidos y la mayoría de
los gobiernos locales afectados no suelen dar datos de buena gana. Pero
la realidad es que en al menos 17 de los 31 municipios de Tenerife hay causas penales abiertas, cuyo número supera la treintena, y que afectan a políticos que están o estuvieron en gobiernos de los ayuntamientos.
De las causas conocidas, el PSOE encabeza esta clasificación, con imputados en 11 municipios, seguido por CC, en 8, y el PP en
4. Quedan fuera de este listado algunos casos en su fase inicial,
diligencias de la Fiscalía, y que aún no se han traducido en
imputaciones por parte de un juez. En la mayoría de casos se trata de
esclarecer presuntos delitos de prevaricación, incluida la urbanística,
tráfico de influencias o malversación de fondos.
La sección sexta de la Audiencia considera probado que Rodríguez Batllori y Martín cometieron
delitos de malversación y prevaricación al pagar con cargo a fondos
públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la sociedad Insular de Aguas
de Lanzarote (Inalsa) las gestiones que el primero hacía como abogado en
favor del segundo.
En concreto, el Ejecutivo autonómico reservó el año pasado unos siete
millones de euros para pagar las deudas contraídas con dependientes que
nunca llegaron a cobrar su prestación. De esa partida, se han empleado
ya en torno a seis millones, abonados a los herederos de al menos 649
dependientes fallecidos, una deuda que se había acumulado desde que
entró en vigor la ley. Con algunas de estas personas la deuda contraída
superaba los 12.000 euros, ya que fueron de los primeros isleños en ser
reconocidos como perceptores. En enero de 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dio
seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualizasen
sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros
motivos, para evitar el fraude, tal y como detectó un informe del
Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la
Dependencia entre los años 2007 y 2011. Dicho informe alertaba de que
había 29.169 personas (197 de ellas en el Archipiélago) que, habiendo
fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de
las prestaciones de la Ley de Dependencia, y por las que las comunidades
autónomas recibieron un total de 140,3 millones de euros.
El párroco de Miramar, Roque Rodríguez, ya tiene calendario
para que durante casi dos meses diez partidos políticos informen sobre sus
programas en los salones parroquiales. Una de las condiciones es que entreguen públicamente ese día un donativo. Todo lo recaudado se entregará a
Caritas de Ofra. El horario el horario será los martes de 19:30 a21:00 horas
desde finales de febrero a finales de abril, salvo la Semana Santa.
La diputada nacional de CC Ana Oramas ha
calificado este lunes de "goda" a la juez titular del Juzgado de
Instrucción número 5 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas que
ha suspendido de forma cautelar los mogollones y los chiringuitos del
carnaval en la zona del Parque de Santa Catalina.
Menos empleo para todos, pero especialmente para los extranjeros.
Desde que empezó la crisis, el mercado laboral se ha vuelto inaccesible
para muchos ciudadanos que vinieron a las Islas en tiempos de bonanza.
Según el Observatorio Canario de Empleo (Obecan), en
2007 se registraron 159.207 contratos a inmigrantes en el Archipiélago,
pero en 2014, en cambio, solo se firmaron 98.166. Es decir, la reducción
fue de 61.041 empleos. En medio de este desolador panorama, cada uno
eligió un camino diferente: algunos consiguieron la nacionalidad y
siguieron buscando empleo, pero otros volvieron a sus países de origen o
cambiaron de residencia con la esperanza de hallar mejor suerte.