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| Pía Oramas, la arquitecta que no se plegó al pode |
Manuel Mederos/Canarias7
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¿Es inocente Rodolfo Núñez
en el caso Teresitas? |
En la sentencia del caso Las Teresitas no están todos los que son, ni son todos los que están. Quienes no están, por ejemplo, son los directivos de CajaCanarias, la entidad que, a fondo perdido, concedió un crédito de seis mil millones de las antiguas pesetas sin garantía ninguna, a Inversiones Las Teresitas, empresa constituida para comprar las parcelas del frente de playa y cuyo único responsable era un empleado del empresario Ignacio González, con una nómina de dos mil euros al mes. La sentencia deja clara constancia del mal proceder de CajaCanarias en todo el proceso de otorgamiento del crédito, de las lagunas y los informes negativos, de las tasaciones amañadas o de las ausencias y presencias de los implicados en los consejos de administración, de las presiones a los consejeros para que cambiaran el sentido de su voto y de la falta de exigencia de avales personales a los empresarios. En definitiva, del entramado societario en una operación de alto riesgo, en el que los directivos de la entidad ponían en peligro el dinero de los impositores para favorecer un negocio privado en el que si ganaban, favorecía a los empresarios y si perdían pagaba la entidad.
Una «interesante operación» para Cajacanarias, según justificaba ante el tribunal el propio presidente de la entidad, el empresario Rodolfo Núñez, y su director general, Álvaro Arvelo, quienes maniobraron para que el dinero estuviese en la cuentas de Antonio Plasencia y de Ignacio González en el mínimo tiempo exigido. Cajacanarias y sus directivos constituyen una pieza esencial en la supertrama que describe la sentencia, sin embargo, tal aseveración no tiene repercusión jurídica alguna, salvo cierta reprimenda con tono comprensivo. La preocupante actuación de los directivos de Cajacanarias no mereció la atención de la abnegada fiscal María Farnés, ni de la acusación particular, ejercida por Justicia y Sociedad, ni por el propio tribunal sentenciador, que, a la vista de las declaraciones de los testigos, no dedujo testimonio para averiguar, como mínimo, si había algún tipo de dádiva en la operación, como deja entrever el fallo judicial en sus reflexiones (página 27, 133 y 134). La actuación de Cajacanarias no termina ahí, después facilitará al Ayuntamiento de Santa Cruz otra tasación amañada y favorable a los intereses de Plasencia y González para la compra del frente de playa, cuyo autor intelectual e impulsor es Rodolfo Núñez, y que reconoce la sentencia expresamente en varias ocasiones, sin que se traduzca en investigación y condena alguna.
La conspiración y la trama, la actuación de los condenados y de los directivos de Cajacanarias, que muy bien describe el fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, tiene un origen concreto, la filtración de una sentencia del Tribunal Supremo que devuelve la edificabilidad al frente de la playa de Las Teresitas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias había anulado el Plan Parcial para la zona, dejando en el limbo el gran proyecto turístico de Las Teresitas, las grandes avenidas y las torres a pie de playa. Las expectativas de negocio en Las Teresitas bajaron a cero, pero la sentencia fue recurrida al Tribunal Supremo, que en su fallo del 29 de junio de 1998 anula la sentencia del TSJC y devuelve la edificabilidad al frente de playa, esto es, abre la perspectiva del negocio urbanístico y turístico. La deliberación y fallo en el Tribunal Supremo se realizó a finales de mayo, y alguien lo filtra a no se sabe quién en Tenerife, que, a su vez, lo comenta, o negocia la información, con los empresarios Plasencia y González.
Los empresarios más representativos de ese momento en Tenerife, con información privilegiada, se ponen manos a la obra y, en un tiempo récord, se dirigen a los comuneros de Las Teresitas para hacerles una oferta de compra, evidentemente a la baja, constituyen la empresa Las Teresitas S.L. y piden, de aquella manera, el crédito de seis mil millones de las antiguas pesetas. Tres días antes de la notificación del fallo judicial del Tribunal Supremo, se firma la compraventa cuyo valor se dispara. Son los comuneros los primeros estafados por la filtración del fallo y por la operación especulativa que desata en los empresarios. Nadie investigó este aspecto, ni la fiscal, ni la policía, tan interesada en un momento determinado por este tema, ni la acusación particular, ni el tribunal sentenciador que pasa de puntillas por el asunto.
Tampoco están todos los que son en la trama cuando el fallo judicial atribuye a Miguel Zerolo el inmenso poder de engañar a todos los funcionarios de alto nivel del Ayuntamiento de Santa Cruz y a toda la clase política. No parece razonable que los funcionarios hayan emitido multitud de informes favorables a que el Ayuntamiento adquiriera el frente de playa a los empresarios y que, como dice el fallo judicial, fuesen ajenos a la operación especulativa que preparaba el alcalde y los empresarios. Según la sentencia, Miguel Zerolo era el más listo de la clase, capaz de engañar, embaucar a funcionarios independientes para que no pusieran objeciones, ni reservas en sus informes, salvo a Pía Oramas, que es la única que no está de acuerdo con el precio de tasación. Fue tan hábil el exalcalde de Santa Cruz que logró que la oposición política en peso votara de forma favorable a sus tesis y que se consumara la operación especulativa por la que los empresarios se embolsaban unas plusvalías propias de un pelotazo. Es difícil entender este aspecto y que funcionarios y políticos se hayan ido de rositas en el asunto.
¿Qué ganaba el alcalde de Santa Cruz y el concejal de Urbanismo con esta operación? La respuesta a esta pregunta constituye otro de los grandes fracasos de la investigación. A Zerolo le han vuelto del revés todos los bolsillos, incluidos los de la mortaja que no tiene, pero nunca han logrado demostrar que cometió cohecho. Lo condenan por malversación, es decir, por ser el cerebro de una operación, que todos califican de «brillante» y hacer un favor a los empresarios a cambio de nada. ¿Saqueó las arcas públicas para favorecer a quién? ¿Solo a unos empresarios que fueron el alma de Tenerife y de ATI y que ahora arrastran por sus calles pesadas cadenas? ¿A cambio de qué? Nunca lo sabremos, pero tal y como establece la verdad oficial, es demasiada trama para tan poca dádiva demostrada. Demasiada operación para tan escaso resultado para un político o para un partido político. Demasiado «montaje mafioso» el descrito para una malversación y una prevaricación.
La Justicia lenta no hace justicia, y este es otro de los grandes agujeros de la investigación y de la sentencia. 16 años son muchos años. Las dilaciones indebidas, alegadas por las defensas, es una debilidad del fallo judicial con las que recurrirán al Supremo. El magistrado ponente, Jaime Requena, se apoya en la complejidad de la causa para desechar estas alegaciones. Creo que era su deber para no tirar el asunto a la papelera, pero la realidad es que el caso fue abandonado muchas veces y reactivado en función de los intereses políticos de cada momento, de la fuerza o la debilidad de CC en Madrid, de una instrucción policial de barbecho y de una instrucción judicial atropellada, sin método, ahogada por la policía que colocó sobre la mesa de la instructora más papel que el que pudo digerir. Una instrucción dirigida por los investigadores, no por un juez y en una especie de causa general, en la que todo valió para demostrar, precisamente, lo que nunca logró, que había un cohecho como una catedral en una trama perfectamente orquestada para un pelotazo de libro.
Que en España los políticos profesionales viven en un planeta y la ciudadanía en otro se acaba de constatar, una vez más, con el proceso de primarias del PSOE. Mientras el aparato marcaba el rumbo del partido hacia el centro derecha, sus militantes han preferido optar por la candidatura que, al menos en público, no se avergonzaba de utilizar la palabra «izquierda». Otra cosa es que Pedro Sánchez entienda por ella algo más que un eslogan.
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