JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Mercedes tiene 22 años de edad. Inmigrante por necesidad,
desde hace un lustro reside en Tenerife. Padece diabetes de tipo 1
desde los 15 años, y hace poco supo que está embarazada. Nada más
enterarse de su estado, acudió al centro médico por el alto riesgo que
para su salud suponía su embarazo. Sin embargo, por encontrarse en
situación administrativa irregular, no la atendieron. De su ambulatorio
la remitieron al Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde
solicitó un número de afiliación para ser atendida durante la gestación,
pero también le fue denegado. “El embarazo es responsabilidad tuya, vete a la medicina privada”, le dijeron.
Después de un largo periplo burocrático, la primera ecografía no se
le realizó hasta las 20 semanas de embarazo y solo a raíz de sufrir un
accidente de tráfico. El alto riesgo de su estado hizo que tuviera que
acudir a urgencias en varias ocasiones, hasta que finalmente decidieron
ingresarla. Cuando recibió el alta, el centro sanitario se negó a
facilitarle la medicación que requiere. Ante la gravedad de su situación
y la falta de ingresos, Médicos del Mundo le ofreció costear el tratamiento durante varios días.
Su historia, relatada por ella misma a la organización humanitaria,
ilustra un informe publicado ayer por la entidad, que asegura que
Canarias es una de las comunidades autónomas donde más inmigrantes
irregulares han sido excluidos sin motivo del sistema (hay al menos una
docena de casos documentados solo en la isla de Tenerife) desde que el 1
de septiembre entrase en vigor el Real Decreto de reforma del Sistema
Nacional de Salud.