“Las identificaciones tienen que ver solo con la prevención del delito”. La frase fue pronunciada recientemente por el ministro del Interior, Jorge Fernández, después de que varias ONG y asociaciones de inmigrantes denunciaran que la Policía sigue haciendo caso omiso a la directriz del Ministerio de prohibir las redadas indiscriminadas y las identificaciones basadas en criterios étnicos. En este sentido, el abogado experto en Extranjería, Roberto García, asegura que en Canarias “sigue habiendo controles exhaustivos”.
“Cuando se le deniega el permiso de residencia a un inmigrante,
agentes de Extranjería acuden a su casa directamente”, subraya el
letrado tinerfeño. En la misma línea, se manifiestan desde Sos Racismo,
quienes aseguran que existen “puntos calientes” en los que de manera más
o menos sistemática se dan controles: estaciones de guaguas,
inmediaciones de locutorios y despachos de abogados especializados en
Extranjería, etc. “Se hacen de forma aleatoria, como cuando desde el
coche policial los agentes pasan al lado de una o varias personas y se
detienen a pedir la documentación; o planificada, tanto con furgonetas o
coches patrulla; o de forma invisible: policías de paisano de la
Brigada de Extranjería en la calle o en establecimientos regentados por
población migrante”, recalcan las mismas fuentes. Y es que, a pesar de
que la Dirección General de la Policía publicó una circular que
pretendía “eliminar cualquier ambigüedad en el mantenimiento de la
seguridad ciudadana y la garantía de los derechos y libertades”, en la
práctica “casi diariamente siguen produciéndose redadas”, arguyen desde
la Asociación de Inmigrantes Africanos de Tenerife. Un extremo que niegan fuentes de uno de los sindicatos policiales. Los hechos denunciados por abogados y asociaciones se han hecho más visibles en las últimas semanas, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, que ha declarado “legal” la práctica de la administración, contemplada en la Ley de Extranjería de 2003, de usar el padrón municipal para localizar inmigrantes sin papeles. La sala rechazó los argumentos esgrimidos por el País Vasco, que había denunciado que el hecho de que la Policía accediera a estos archivos municipales era una violación de la Ley de Protección de Datos, ya que los extranjeros no habían dado su consentimiento.
“La administración ejerce una violencia institucional más organizada contra las personas sin papeles y la inmigración: acoso y derribo de sus negocios, controles en los barrios”, concluyen desde Médicos del Mundo.