Mientras uno de cada tres canarios está
en exclusión social o en riesgo de caer en ella, la pobreza severa se
incrementa generando en Canarias más de 58.000 hogares que no tienen
ningún tipo de ingresos. Las anomalías en la prestación de la PCI son
cotidianas y generan vulneración del derecho a la misma ya que la cobra
una de cada seis personas con derecho, y los retrasos en su adjudicación
como en su renovación son habituales, generan un exceso de burocracia
injustificada y agotan a las personas demandantes de este derecho
La ausencia de ingresos unido a la
carencia de prestaciones sociales para hacer frente a las necesidades
vitales, conllevan que cada día hayan más familias que no pueden pagar
la luz, el agua, el alquiler, la comunidad, una alimentación mínima, los
medicamentos prescritos, etc. y se hacen más dependientes del entorno
familiar y social gracias a los cuales se logran paliar las necesidades
más acuciantes, pero a costa del empobreciendo del entorno y la
generación de nuevas formas de pobreza.