La plataforma ciudadana Salvar Canarias, nacida en
Tenerife contra la futura Ley del Suelo, se extenderá a las demás islas e
intentará que ayuntamientos y cabildos de todo el Archipiélago debatan
mociones plenarias que reclamen la paralización de esta iniciativa del
Gobierno regional con el fin de que se abra un amplio debate social
sobre el modelo territorial que necesita la región.“Reclamamos al Gobierno canario que dé marcha atrás a este proceso y retire el anteproyecto de Ley para abrir un verdadero espacio de participación ciudadana, pues no nos oponemos a que pueda haber cambios en la legislación del territorio, pero no de este modo”, apunta Afonso. Y en este sentido Ayala incluso indicó que algunos cambios previstos son positivos, como los relativos a facilitar obras al sector primario.
Pero ambos portavoces aseguran que el anteproyecto de ley “potencia sin freno un modelo desarrollista, especulador y depredador, hace que la Comunidad Autónoma renuncie a sus competencias exclusivas en esta materia y deje en manos de los ayuntamientos hacer y deshacer en su territorio”. “Y todo ello se ha negociado de espaldas al pueblo y sus organizaciones, pero sí teniendo en cuenta los intereses de las grandes patronales canarias”, remachan.
Hasta 35 de los 88 municipios en Canarias han tenido o tienen causas judiciales abiertas contra alcaldes y concejales por casos de presunta y, en ocasiones ya no presunta, corrupción urbanística. En datos porcentuales, se trata del 40% de los ayuntamientos. Es una cifra que maneja Salvar Canarias para ilustrar por qué se opone a que en el trámite de aprobación del planeamiento se vacíe de poder al órgano administrativo autonómico que hasta ahora se venía encargando de controlar la legalidad urbanística.