Los quince representantes canarios que se sentaron en el Congreso
durante los cuatro meses que ha durado la fallida XI legislatura han
costado a las arcas públicas más de medio millón de euros, entre
sueldos, complementos, transporte e indemnización. Una cantidad nada
desdeñable si se tiene en cuenta que la Cámara no pudo cumplir su
función de legislar con un Gobierno en funciones, y que todas las
iniciativas que fueron aprobadas dejaron de tener efecto con la
disolución de las Cortes.
De los 532.000 euros de coste global, la mayor parte corresponde a la retribución por la labor de diputado, que supone un mínimo de 4.636 al mes -entre el sueldo base de 2.813 euros más 1.823 de indemnización para alojamiento y manutención-, a lo que hay que sumar un total de 25.193 euros en concepto de complementos por cargo, ya que entre los diputados canarios había siete portavoces, cinco portavoces adjuntos y un presidente de comisión.
Los traslados entre las Islas y Madrid durante este tiempo han costado en torno a 43.000 euros. Los diputados tienen derecho además a la denominada indemnización por transición, equivalente a 54 días de sueldo integro, que supone algo más de 150.000 euros para el conjunto de los diputados canarios.