Un millar de demandantes de vivienda pública y 12.000 casas vacías en la capital

El precio de la vivienda privada lleve meses subiendo, indicativo, dicen los expertos, de que el mercado inmobiliario comienza a recuperarse del batacazo que ha supuesto la crisis económica que se resiste a abandonar la economía nacional. Por el camino, miles han sido las personas que han visto como esa misma crisis se llevaba por delante su trabajo, ahorro y su casa. Según las cifras que el INE publicó en 2013, en Santa Cruz el número de viviendas vacías es de 12.614, una cifra que resulta escandalosa ante la creciente demanda de casas que de manera oficial hacen los vecinos de la capital. Una cifra que podría superar las 5.000 personas ya que, según los datos del registro de demandantes de vivienda pública, en la capital, a fecha del 11 de abril, el número de demandantes era de 1.246. Sin embargo, esa misma lista pone de manifiesto que en la misma fecha, casi 4.000 personas figuraban como bajas de oficio, y no porque hayan conseguido una casa. Esto dejaría la cifra real de demandantes de una vivienda en más de 5.000 personas en la capital.

El Gobierno de Rivero recorta en cinco años un 25% el gasto en servicios públicos fundamentales

 Mercedes Ramos

«Excusatio non petita, accusatio manifesta» podría definir el discurso de fin de legislatura y de cargo del todavía presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, cuando ahora centra su discurso en ensalzar, si no en justificar, la gestión que ha llevado a cabo su equipo en materia social en los últimos cuatro años, en los que la recesión y la crisis se han cebado con los canarios, pese a la exitosa afluencia turística.

Entre 2009 y 2013, Canarias ha recortado cerca de un 25% su esfuerzo presupuestario en servicios públicos fundamentales (SPF), ya que su gasto en este ámbito ha pasado de estar en el 97% de la media a caer al 73% de la media. Así lo refleja el estudio «Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades» del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, presentado ayer en Madrid, que apenas arroja un solo dato positivo que atisbe la «sensibilidad social» preconizada por el pacto CC-PSOE actual.

Como tampoco por gobiernos anteriores, ya que el estudio analiza el gasto público por habitante desde el año 2002 hasta 2013. De lo que no cabe duda razonable es que el punto de inflexión contra los discursos políticos triunfalistas lo marcó el año en que estalló la burbuja inmobiliaria y, en consecuencia, la crisis financiera, a finales de 2007.

Ni roza la media nacional

Desde entonces, y especialmente en el último cuatrienio, tras incorporarse el cumplimiento del déficit a la Constitución en 2011, en Canarias también se priorizó este objetivo, al igual que las demás CC.AA. Precisamente, cuatro años después, el estudio constata que la diferencia de gasto público por habitante entre autonomías en sanidad, educación y protección social se acerca al 60%.

«Las diferencias territoriales de gasto público no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos», afirmó en la presentación el director de este informe, el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez. A su juicio, esto es motivo de «preocupación» y «exige explicaciones».

Según los datos resultantes de la comparativa, el gasto por habitante en servicios públicos fundamentales en 2013 va desde los 5.253 euros en Canarias a los 8.532 euros en Asturias, teniendo en cuenta que la media estatal se situó en los 6.230 euros. Canarias, por tanto, gastó un 18,6% menos que la media nacional.

Partiendo de que el promedio de gasto en educación por habitante en España ascendió a 915 euros, las Islas se colocan como la tercera que menos dinero destinó a esta materia, con 846 euros por habitante, sólo por encima de Madrid (791 euros) y Baleares (831 euros), y la quinta que menos invirtió en sanidad, con 1.332 euros por persona, por delante de Andalucía (1.182 euros), Baleares (1.275 euros), la Comunidad Valenciana (1.301 euros) y Cataluña (1.323 euros), siendo la media estatal de 1.357 euros.

En cuanto al gasto por persona en protección social, Canarias ocupa la última posición, un 22% por debajo de la media española, que está en 3.958 euros por habitante. Autonomías como Asturias y el País Vasco en 2013 casi doblaron al de las Islas, con 5.751 y 5.516 euros respectivamente. Ante las disparidades detectadas, el estudio advierte de que «no siempre las comunidades con más necesidades gastan más», aunque reconoce «el esfuerzo por preservar los servicios» que no han evitado «los ajustes y el malestar».