Por A. Ramírez - Canarias-semanal.org
La reforma de la Ley Canaria de Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, podría convertirse
en el enésimo bluff del Ejecutivo autonómico. En la estela de la legislación aprobada en este ámbito por
la Junta de Andalucía, el Gobierno regional
ha presentado su iniciativa como una "ley antidesahucios" que
- supuestamente - estaría destinada a detener lo que se ha convertido en un
verdadero drama social. Los desalojos de miles de familias a las que el
estallido de la crisis capitalista y de la burbuja inmobiliaria creada por los
propios bancos está dejando en la calle y con deudas impagables.
Los datos que se han
podido conocer en torno a la publicitada reforma, sin embargo, indican que la misma podría ser tan insatisfactoria como
la ley de Andalucía, donde el Movimiento por el Derecho a la Vivienda advirtió tempranamente
que "no garantizaba el derecho constitucional y estatutario a una vivienda
digna y adecuada".
En sus presentaciones
públicas, los portavoces del Gobierno de Canarias anunciaron que, tras la
reforma de la ley, el Ejecutivo expropiaría las viviendas de los bancos de las
que se fuera a desalojar a familias en riesgo de exclusión social que no
pudieran pagar sus hipotecas, para permitir que éstas puedan permanecer en sus
casas.
Ahora, no obstante,
el gabinete de CC y PSOE ha aclarado que la "expropiación" se llevará
a cabo solamente durante un periodo máximo de tres años. Durante este tiempo,
se abonaría al banco un justiprecio en forma de renta mensual que se financiará
en parte con fondos públicos y en parte con los que aporte el propio
desahuciado, que deberá desembolsar hasta un 25% de los ingresos de la unidad
familiar.
Pasados los tres
años, el banco recuperará su vivienda. La iniciativa legislativa evita
especificar qué pasará con las familias desahuciadas que sigan entonces en extrema penuria
económica. Algo más que posible en base a las previsiones sobre la evolución de
la economía canaria y las futuras tasas de desempleo. Resulta evidente, no
obstante, que la entidad financiera continuaría entonces con el procedimiento
de desahucio, tras haber recibido un particular alquiler durante el periodo de
"expropiación"; mientras que los desalojados perderían tanto la
vivienda por la que un día se hipotecaron como lo invertido en la misma
mientras fueron capaces de hacer frente a los pagos.
Pero existe aún otro
elemento del texto legal que permite aventurar desagradables sorpresas. La nueva
ley que ya ha llegado al Parlamento regional condiciona la aplicación de las medidas de
auxilio a las familias más necesitadas a "las disponibilidades
presupuestarias”. Una disposición idéntica a la utilizada por el Gobierno de
Canarias para dejar de pagar las subvenciones a las que tenían derecho
alrededor de 1.700 jóvenes que en su día se hipotecaron acogiéndose a las
ayudas del plan "Hipoteca
Joven".
Es decir, que la publicitada
"ley antidesahucios" podría quedarse, finalmente, en papel mojado por
las exigencias de la “austeridad” y el recorte del déficit.
Un estudio realizado en Canarias cifra en 40.000 millones anuales el
coste social de la corrupción en España. Semejante cifra, una enorme
barbaridad que costeamos todos los contribuyentes, y la merma de
servicios públicos y recortes que arruinan a buena parte de la población
española, en mi opinión ha despertado y concienciado a la ciudadanía
sobre semejante problema.
