En concreto, el Ejecutivo autonómico reservó el año pasado unos siete
millones de euros para pagar las deudas contraídas con dependientes que
nunca llegaron a cobrar su prestación. De esa partida, se han empleado
ya en torno a seis millones, abonados a los herederos de al menos 649
dependientes fallecidos, una deuda que se había acumulado desde que
entró en vigor la ley. Con algunas de estas personas la deuda contraída
superaba los 12.000 euros, ya que fueron de los primeros isleños en ser
reconocidos como perceptores. En enero de 2013 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dio
seis meses de plazo a las comunidades autónomas para que actualizasen
sus datos sobre los dependientes y prestaciones otorgadas, entre otros
motivos, para evitar el fraude, tal y como detectó un informe del
Tribunal de Cuentas sobre la financiación del Sistema de Atención a la
Dependencia entre los años 2007 y 2011. Dicho informe alertaba de que
había 29.169 personas (197 de ellas en el Archipiélago) que, habiendo
fallecido, se encontraban indebidamente incluidas como beneficiarias de
las prestaciones de la Ley de Dependencia, y por las que las comunidades
autónomas recibieron un total de 140,3 millones de euros.En Canarias, una de las regiones con más problemas a la hora de implementar y desarrollar la ley, desde 2011 se ha reducido casi el 20% el número de personas con derecho a ayuda. En concreto, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, el sistema ha dejado de atender a más de 10 dependientes isleños (321 al mes) cada día desde hace tres años (al menos en los últimos 36 meses). Más de 10.000 dependientes isleños esperan el dictamen de valoración y cerca de 12.000 beneficiarios aún no han empezado a cobrar la prestación que tienen reconocida.
