Casi un tercio de la población canaria trabaja en negro, es decir, no
cotiza a la Seguridad Social y no paga impuestos. Esto significa que en
las Islas puede haber alrededor de unos 125.000 puestos de trabajo no
declarados. Las actividades que evaden el control fiscal y laboral
mueven al año cerca de 12.000 millones de euros.
Estas cifras conforman el punto de partida, tanto para la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social como para el Gobierno de Canarias, para
luchar contra la economía sumergida. Según los datos que maneja la
Consejería de Empleo, Industria y Comercio, las actividades que evaden
el control fiscal y laboral mueven cada año en el Archipiélago más de
11.600 millones de euros, lo que sitúa a la Comunidad canaria como la
segunda autonomía con más economía sumergida de España.
Además, según el sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), la
economía sumergida representa el 30% de la actividad económica en
Canarias y ocupa a unas 125.000 personas. El volumen de dinero que se
mueve en estas prácticas irregulares incluye tanto el fraude fiscal como
el laboral. La proporción estimada por Hacienda es que el componente
fiscal supone el 66,2%, mientras el 33% es el factor laboral, es decir
que de cada 100 euros en negro, 66 son por evasión fiscal y 33 euros son
defraudados a la Seguridad Social.