LAS GALLINAS QUE "PONEN" TODOS LOS DÍAS EN LAS PALMAS DE GC

1.640 licencias de taxi hay en Las Palmas de GC
700 aproximadamente están en manos de floteros.
300 aproximadamente pertenecen a viudas.
Los floteros suelen pagarle unos 400 euros al mes
30 floteros sacan rendimiento a coches con dos asalariados.
1.300 asalariados tienen los floteros.
50 euros aproximadamente aportan los asalariados por día al flotero. La cantidad a pagar cada día se conoce como LA GALLINA.
El asalariado muchas veces no saca más que para el gasoil.
Un flotero puede sacar a cada taxi 100 euros diarios.O sea 3.000 euros al mes por taxi, de los que entrega al titular unos 500.
2.500 euros por 20 taxis (por poner una cantidad previsible) sale 50.000 euros al mes. ¡Por el tremendo trabajo de cobrar!

LAS EMPRESAS CANARIAS DAN DINERO AL PP Y OTROS PARTIDOS

Huelga de hambre a la vista en el hotel Stella Canaris de Fuerteventura

Al menos un grupo de trabajadores del hotel Stella Canaris de Morro Jable baraja ya la posibilidad de ponerse en «huelga de hambre indefinida» para protestar por la dramática situación que están padeciendo, según informó ayer Juani Teixoto, delegada sindical por CCOO. En los próximos días se celebrará una asamblea de personal para dirimir en qué términos se desarrollará la protesta y cuántos trabajadores se sumarán a la misma.

Justo hoy se cumplen cinco meses desde que la totalidad de los 140 empleados del hotel dejó de percibir sus salarios. La situación es peor aun para los 40 trabajadores que residen en el hotel junto a sus respectivas familias, después de que el pasado 23 de julio les cortasen los suministros de agua y electricidad; por tal motivo presentaron una denuncia contra la dirección del hotel, a cuyos miembros responsabilizan de las penalidades que están  pasando por haber dejado de abonar las facturas.

De momento los trabajadores continúan en el limbo legal. La empresa no les rescinde los contratos y, por tanto, no pueden acceder a las indemnizaciones que les corresponden ni cobrar las prestaciones por desempleo.

Ya son más de 150.000 los parados del Archipiélago que no perciben la prestación

Son Tenerife y Gran Canaria, como es lógico por ser las que tienen más habitantes, las dos islas del Archipiélago con más desempleados y con más desempleados sin prestación. Con todo, esta lógica no es tal si se ciñe a ambas la comparación. Tan es así, que la segunda, a pesar de que su población es inferior a la de Tenerife (alrededor de 900.000 residentes hay en esta última y poco más de 850.000, en aquella, según el Instituto Canario de Estadística), padece el problema de la falta de puestos de trabajo con más intensidad, cuando menos cuantitativamente. Son exactamente 68.554 los parados grancanarios que no pueden contar siquiera con la prestación; en la isla del Teide son 61.582, cifras, por otro lado, también dramáticas.

La base de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), revela que solo las dos ciudades capitalinas, Santa Cruz de Tenerife (15.631) y Las Palmas de Gran Canaria (31.485), representan el 31% del total de las personas que están sin trabajose desprende que ese total asciende a más de 150.000. Es decir, son más de 150.000 (151.221) los parados de la comunidad autónoma que están abocados a recurrir a otro tipo de ayudas, al «limbo» de la economía sumergida o a las dos cosas para poder sobrevivir.

de forma forzosa y que, además, han perdido el derecho de recibir el subsidio. De la información del SEPE

Otras islas

En cuanto a las restantes cinco islas, las estadísticas del servicio público ponen de manifiesto que es Lanzarote, con casi 8.000 (7.818), la que sigue a Tenerife y Gran Canaria. A continuación figuran La Palma, con 5.832 desempleados sin prestación; Fuerteventura, con 5.670; La Gomera (1.122); y El Hierro (643). De modo que son los susodichos 151.221 en toda la región.

Los altos cargos de las entidades locales cobraron en 2012 más que antes de la crisis

Los altos cargos de los cabildos insulares y ayuntamientos de Canarias no han tenido que soportar los embates de la crisis socioeconómica. Ni lo más mínimo. Cuando menos no sus bolsillos, porque si es cierto que hay corporaciones cuyos alcaldes, concejales y demás cobran hoy menos que cuando sobrevinieron las estrecheces, igualmente cierto es que estas no son mayoría, ni mucho menos. Las estadísticas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, revelan que los recortes de gastos no han alcanzado aún a la dirigencia de las entidades locales del Archipiélago. Tan es así, que allá en 2007 había percibido, el conjunto de esos altos cargos (los miembros de los órganos de gobierno y el personal directivo), menos de 31 millones de euros; el año pasado, los consistorios de las Islas destinaron para retribuirles 35,6 millones, es decir, cerca de cinco más.

En la liquidación de los presupuestos, las «obligaciones reconocidas netas» son los pagos, satisfechos o no, que tienen su origen en el ejercicio en cuestión. De modo que los gastos efectivos que genera durante el año el cabildo o el ayuntamiento, en cada concepto, quedan registrados bajo este epígrafe. En 2007, los presidentes, consejeros, alcaldes, ediles y el resto de integrantes de las cúpulas de las corporaciones insulares y municipales costaron a los ciudadanos de la comunidad autónoma, exactamente, 30,7 millones de euros, tal como pone de manifiesto la estadística del ministerio, que suma las «obligaciones reconocidas netas» de los 95 consistorios de la región. Así fue en 2007, esto es, el último año que disfrutó de unas cuentas públicas «de bonanza»: en aquel octubre estallaría la crisis, según convienen la mayoría de los expertos. Cabría pensar, pues, que aquellos 30,7 millones serían en 2012, el quinto ejercicio que discurrió sumido de lleno en las estrecheces, algunos millones menos. Nada más lejos de la realidad: las entidades locales canarias presupuestaron 35,6 millones de euros, prácticamente cinco más.

En resumen, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos del Archipiélago desembolsaron en 2007 para el sostenimiento de sus altos cargos, y en total, 30,7 millones; en 2008, poco más de 35,5 millones; en 2009, lo mismo que en el ejercicio anterior (35,5); en 2010, 37 millones; y en 2011, 34,4. Ya el año pasado serían los susodichos 35,6 millones de euros, la cuantía más alta de los cinco ejercicios de crisis, con la excepción de 2010.

Los ayuntamientos de Tenerife, a la cabeza

El año pasado, los ayuntamientos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fueron los que más fondos destinaron para sus altos cargos. Más de 15,5 millones de euros, según la estadística del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, presupuestaron las corporaciones municipales de la demarcación occidental. Con respecto a la provincia de Las Palmas, sus ayuntamientos determinaron para el sostenimiento de sus «órganos de gobierno y personal directivo» algo más de 12,6 millones, de modo que fueron alrededor de 28 millones de euros en total. Con arreglo siempre a los datos del Gabinete que dirige Cristóbal Montoro, los cabildos destinaron menos de 7,5 millones, exactamente 7.403.000 euros.

El seguro médico costará a los ´sin papeles´ entre 60 y 157 euros al mes

La población inmigrante en situación irregular tendrá acceso a la sanidad pública si pagan entre 60 y 157 euros al mes. Para ello, deberán firmar un convenio de prestación a modo de seguro privado con la comunidad autónoma en la que resida. El importe será de 60 euros mensuales para los menores de 65 años, y de 157 para los peticionarios de 65 o más años. Eso si, con una serie de excepciones que les privará de servicios de los que si disfrutan el resto de los asegurados como el descuento en las medicinas, los traslados sanitarios no urgentes y la disponibilidad de prótesis, entre otros. Cada comunidad podrá fijar los cargos extra que considere oportuno si se asumen dichos servicios.

Los interesados en recibir esta asistencia sanitaria podrán solicitar adherirse a dicho convenio a partir del 1 de septiembre, tal como establece el Real Decreto 576/2013 de 26 de julio, que publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado sábado, por el que se establecen los requisitos básicos del llamado "convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud". El decreto establece "supuestos especiales" que garantiza la asistencia médica pública sin necesidad de contratar seguro alguno a los extranjeros irregulares menores de 18 años, mujeres embarazadas y ciudadanos en situación de asilo político.

La administración sanitaria exigirá a este colectivo, como requisito para beneficiarse del seguro médico, acreditar la residencia continuada de un año en territorio español; estar empadronado en el momento de solicitar su adhesión al convenio de asistencia médica; y no disponer de otro servicio de protección sanitaria pública.

Se pueden beneficiar de estas prestaciones quienes por razones de renta que superen los 100.000 euros anuales, y que por esta condición no dispongan de cobertura sanitaria pública.

"Pasamos de un sistema universal donde todos somos ciudadanos con derecho a la salud, a un sistema clientelar, si pagas entras en el sistema y es más caro que un seguro privado, pero entras en el sistema por la puerta de atrás", lamentaba ayer Ricardo Redondo, médico y portavoz de la plataforma Yo Sí Atiendo en Canarias. En su opinión, "los servicios médicos", en el caso de Canarias, "se han desarrollado sin tener en cuenta que existan dos sistemas sanitarios".

Las bibiliotecas no dan dinero

"Las bibliotecas no dan nada de dinero, y hay 14 personas trabajando en ellas". La alcaldesa del municipio canario de Telde (101.000 habitantes), María del Carmen Castellano, tiene claro por dónde hay que ahorrar. En las bibliotecas públicas, la gente entra a pedir prestados libros sin pagar dinero, lo que es llamativo desde el punto de vista de la dirigente del PP.

Hablando de dinero, la Fiscalía pide cinco años de cárcel para María del Carmen Castellano por los delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo en el caso Faycán. Ha pedido en la Audiencia de Las Palmas que se abra juicio oral contra 29 personas a las que acusa de haber participado en "un sistema de obtención ilícito de fondos" con la colaboración de varios empresarios que pagaban sobornos.

El fin aparente de la trama era "financiar al Partido Popular de Telde", aunque la Fiscalía cree que "solo era un pretexto", porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de los acusados.