81.500 euros por cada agente

Exactamente 81.527,71 euros. Eso es lo que costará este 2018 cada uno de los agentes que conforman en la actualidad el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), creado hace una década durante el mandato de Paulino Rivero (Coalición Canaria) con la Ley 2/008, de 28 de mayo del Cuerpo General de la Policía Canaria. Cuando la policía autonómica de las Islas salió por primera vez a la calle en el año 2010, la primera promoción fue de 100 miembros y el objetivo era que para el año 2013 se alcanzaran los 1.700 agentes. Hoy en día, ocho años después de su nacimiento, apenas cuenta con 63 agentes a pesar de tener un presupuesto general para este ejercicio de 5,1 millones de euros. De este total, 4,4 millones corresponden a los fondos destinados al pago de todo el personal; 425.000 euros a los gastos corrientes en bienes y servicios; y los 250.000 euros restantes a inversiones reales, entre las que están previstas 100.000 euros para la adecuación de la Comisaría de Gran Canaria, 100.000 euros para la construcción de una galería de tiro, y otros 50.000 euros para «otros activos materiales».
Según las cifras que maneja este periódico, en Tenerife hay cerca de una treintena de policías de la escala básica, mientras que en Gran Canaria hay 21 con este rango. En esta cifra se incluyen a los agentes de cuerpos municipales que están en comisión de servicio, a los que solo se les permite ocupar la misma plaza durante un tiempo máximo de dos años. A ellos hay que añadir los distintos mandos con los que cuenta el cuerpo: en Gran Canaria hay dos policías que hacen funciones de oficial, cuatro oficiales y un comisario, mientras que en Tenerife hay cuatro oficiales, un subinspector, un inspector, un subcomisario y el comisario jefe del cuerpo. La suma da los 63 agentes, por lo que hay 37 plazas sin cubrir a pesar de que el Ejecutivo autonómico cuenta en el presupuesto con este centenar de agentes y quiere aumentar a lo largo de este año la plantilla con 50 nuevos agentes, aunque para llegar a las 150 plazas necesitaría realizar 87 nuevas contrataciones.

LA "SORIASIS" DE MONTORO

Los diputados canarios costaron más de medio millón de euros

Los quince representantes canarios que se sentaron en el Congreso durante los cuatro meses que ha durado la fallida XI legislatura han costado a las arcas públicas más de medio millón de euros, entre sueldos, complementos, transporte e indemnización. Una cantidad nada desdeñable si se tiene en cuenta que la Cámara no pudo cumplir su función de legislar con un Gobierno en funciones, y que todas las iniciativas que fueron aprobadas dejaron de tener efecto con la disolución de las Cortes.
De los 532.000 euros de coste global, la mayor parte corresponde a la retribución por la labor de diputado, que supone un mínimo de 4.636 al mes -entre el sueldo base de 2.813 euros más 1.823 de indemnización para alojamiento y manutención-, a lo que hay que sumar un total de 25.193 euros en concepto de complementos por cargo, ya que entre los diputados canarios había siete portavoces, cinco portavoces adjuntos y un presidente de comisión.
Los traslados entre las Islas y Madrid durante este tiempo han costado en torno a 43.000 euros. Los diputados tienen derecho además a la denominada indemnización por transición, equivalente a 54 días de sueldo integro, que supone algo más de 150.000 euros para el conjunto de los diputados canarios.

El 40% de los ayuntamientos canarios ha tenido o tiene causas penales por corrupción urbanística

La plataforma ciudadana Salvar Canarias, nacida en Tenerife contra la futura Ley del Suelo, se extenderá a las demás islas e intentará que ayuntamientos y cabildos de todo el Archipiélago debatan mociones plenarias que reclamen la paralización de esta iniciativa del Gobierno regional con el fin de que se abra un amplio debate social sobre el modelo territorial que necesita la región.

“Reclamamos al Gobierno canario que dé marcha atrás a este proceso y retire el anteproyecto de Ley para abrir un verdadero espacio de participación ciudadana, pues no nos oponemos a que pueda haber cambios en la legislación del territorio, pero no de este modo”, apunta Afonso. Y en este sentido Ayala incluso indicó que algunos cambios previstos son positivos, como los relativos a facilitar obras al sector primario.
Pero ambos portavoces aseguran que el anteproyecto de ley “potencia sin freno un modelo desarrollista, especulador y depredador, hace que la Comunidad Autónoma renuncie a sus competencias exclusivas en esta materia y deje en manos de los ayuntamientos hacer y deshacer en su territorio”. “Y todo ello se ha negociado de espaldas al pueblo y sus organizaciones, pero sí teniendo en cuenta los intereses de las grandes patronales canarias”, remachan.
 Hasta 35 de los 88 municipios en Canarias han tenido o tienen causas judiciales abiertas contra alcaldes y concejales por casos de presunta y, en ocasiones ya no presunta, corrupción urbanística. En datos porcentuales, se trata del 40% de los ayuntamientos. Es una cifra que maneja Salvar Canarias para ilustrar por qué se opone a que en el trámite de aprobación del planeamiento se vacíe de poder al órgano administrativo autonómico que hasta ahora se venía encargando de controlar la legalidad urbanística.

Rosell mantuvo su sueldo

Lo cierto es que la exmagistrada, y casi exdiputada, hace meses que no sale en las fotos que se hace la cúpula, que la han dejado en las últimas filas de los sillones del Congreso y que las bases no la ven con muy buenos ojos. A fin de cuentas, entró en Podemos como una heroína, que no era tal, se colocó de número uno por Las Palmas por la puerta de atrás, es decir, sin  someterse a las primarias y le han permitido algunos privilegios que duelen mucho, como conservar, íntegramente, su sueldo de diputada. Todo un cúmulo de reproches y de acontecimientos que la dejan tocada y la obligan, como mínimo,  a dudar sobre su futuro.