A menudo se quejan los corruptos y quienes tratan de protegerlos de que
los casos de corrupción que se descubren en Canarias siempre quedan en
nada o, en el mejor de los casos, se eternizan hasta que acaban
mimetizados en el paisaje. Escándalos tan sonados como el caso eólico, el caso Faycán, el caso Góndola o el caso Unión
continúan su azarosa tramitación en sus correspondientes juzgados sin
que se pueda atisbar ni siquiera una fecha para el primer juicio. En la
mayoría de los casos, los sumarios se eternizan por eso que en la jerga
jurídica se llama tutela judicial efectiva, es decir, por los derechos
que asisten a las partes, mayormente las partes imputadas, de proponer
todo tipo de pruebas o testigos, recurrir ordinaria o
extraordinariamente, que si en reforma, que si en apelación... derechos
respetabilísimos que en el ejercicio de los cuales inhabilitan a las
partes a quejarse de demoras. Es más, son sobradamente conocidas
sentencias en las que se reduce sustancialmente la condena por ese
concepto jurídico indeterminado que se llama "dilación indebida" (y dos
piedras). En ese contexto es absolutamente natural que una querella
presentada por el Ayuntamiento de Telde en marzo de 2010 haya sido
reabierta en febrero de 2012 después de que la juez correspondiente la
archivara de modo cuanto menos "precipitado", según ha concluido la
Audiencia Provincial de Las Palmas en un auto que
no deja muchos resquicios a la duda: algo huele a podrido en el pelotazo
de la finca de San Rafael, en la muy ilustre ciudad de Telde.http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/16243/
