Mercedes Ramos
«Excusatio non petita, accusatio manifesta» podría definir
el discurso de fin de legislatura y de cargo del todavía presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, cuando ahora centra su discurso en ensalzar, si no en justificar, la gestión que ha llevado a cabo su equipo en materia social en los últimos cuatro años, en los que la recesión y la crisis se han cebado con los canarios, pese a la exitosa afluencia turística.
Entre 2009 y 2013, Canarias ha recortado cerca de un 25%
su esfuerzo presupuestario en servicios públicos fundamentales (SPF),
ya que su gasto en este ámbito ha pasado de estar en el 97% de la media a
caer al 73% de la media. Así lo refleja el estudio «Servicios públicos,
diferencias territoriales e igualdad de oportunidades» del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA,
presentado ayer en Madrid, que apenas arroja un solo dato positivo que
atisbe la «sensibilidad social» preconizada por el pacto CC-PSOE actual.
Como tampoco por gobiernos anteriores, ya que el estudio
analiza el gasto público por habitante desde el año 2002 hasta 2013. De
lo que no cabe duda razonable es que el punto de inflexión contra los
discursos políticos triunfalistas lo marcó el año en que estalló la burbuja inmobiliaria y, en consecuencia, la crisis financiera, a finales de 2007.
Ni roza la media nacional
Desde entonces, y especialmente en el último cuatrienio,
tras incorporarse el cumplimiento del déficit a la Constitución en 2011,
en Canarias también se priorizó este objetivo, al igual que las demás
CC.AA. Precisamente, cuatro años después, el estudio constata que la
diferencia de gasto público por habitante entre autonomías en sanidad,
educación y protección social se acerca al 60%.
«Las diferencias territoriales de gasto público no parecen compatibles con la igualdad de
oportunidades en el acceso a los servicios públicos», afirmó en la
presentación el director de este informe, el catedrático de Análisis
Económico de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez. A su juicio,
esto es motivo de «preocupación» y «exige explicaciones».
Según los datos resultantes de la comparativa, el gasto por
habitante en servicios públicos fundamentales en 2013 va desde los
5.253 euros en Canarias a los 8.532 euros en Asturias, teniendo en
cuenta que la media estatal se situó en los 6.230 euros. Canarias, por
tanto, gastó un 18,6% menos que la media nacional.
Partiendo de que el promedio de gasto en educación por
habitante en España ascendió a 915 euros, las Islas se colocan como la
tercera que menos dinero destinó a
esta materia, con 846 euros por habitante, sólo por encima de Madrid
(791 euros) y Baleares (831 euros), y la quinta que menos invirtió en
sanidad, con 1.332 euros por persona, por delante de Andalucía (1.182
euros), Baleares (1.275 euros), la Comunidad Valenciana (1.301 euros) y
Cataluña (1.323 euros), siendo la media estatal de 1.357 euros.
En cuanto al gasto por persona en protección social, Canarias ocupa la última posición,
un 22% por debajo de la media española, que está en 3.958 euros por
habitante. Autonomías como Asturias y el País Vasco en 2013 casi
doblaron al de las Islas, con 5.751 y 5.516 euros respectivamente. Ante
las disparidades detectadas, el estudio advierte de que «no siempre las
comunidades con más necesidades gastan más», aunque reconoce «el
esfuerzo por preservar los servicios» que no han evitado «los ajustes y
el malestar».
