El terremoto político que vive Canarias en estos días ha tapado algunos episodios de la Judicatura que merecen algún reproche, sobre todo porque ponen sobre el alero la permeabilidad judicial frente a la política o a mediadores a sueldo. ¿Qué hace el expresidente del Tribuanl Superior de Justicia declarando en un juicio sobre sucias trapisondas de Rodríguez Batllori como asesor de Dimas Martín? ¿Por qué Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, decide aplazar el juicio del caso Faycán para evitar que coincida con las elecciones favoreciendo a la candidata del PP y acusada María del Carmen Castellano? ¿Hasta qué punto una sentencia judicial en sus hechos probados puede dejar en el aire reproches a un diputado del PP como Jorge Rodríguez y proceder a decretar su absolución? Son interrogantes que merecen una reflexión.
El otro episodio lo protagonizó la pasa semana el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, al anunciar que no señalará el juicio del caso Faycán hasta después de las elecciones de mayo de 2015. Según Moya, después de ocho años diez meses más de retraso no suponen gran cosa. Es el mismo magistrado que arrancó grandes titulares después de criticar severamente a la Justicia por el retraso que sufrió el caso Icfem. La intención del juez tiene mucha más enjundia política porque justifica su decisión, y la de la sala sexta, en la candidatura de María del Carmen Castellano, una de las principales acusadas, a la Alcaldía de Telde por el Partido Popular, decisión que además le parece «sensata».
Creo que la sensatez va unida ineludiblemente a la diligencia y si este caso de corrupción en Telde está ultimado y sólo pendiente de señalamiento. Lo lógico es celebrarlo caiga quien caiga. Espero que tanta gentileza y sensatez con el PP de Telde no tenga nada que ver con el hecho de que Moya ocupó también la viceconsejeria de Justicia en la etapa del PP en el Gobierno regional. Sea como sea, la ley no prevé este tipo de decisiones que hay que considerar personales y es más que evidente que vuelven a poner en tela de juicio una institución tan vapuleada por la crisis social que vive el país. Lo que se espera de los jueces no es precisamente gestos hacia las tramas presuntamente corruptas y hacia los políticos sino sentido común y sensibilidad ante una sociedad que reclama, más que nunca, ejemplaridad.
La sentencia del caso Europa por la que se absuelve al diputado del PP Jorge Rodríguez es otra de las incomprensibles actuaciones judiciales. La sala de lo penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias absuelve al diputado, pero deja en sus hechos probados toda una argumentación que pone en tela de juicio la dignidad que le debió devolver el fallo y genera un reproche ético sin precedentes. Al final hay que concluir que Rodríguez intervino en los trapicheos de la empresa Europa para penetrar en el municipio de Telde y que cobró como abogado por sus gestiones a través de informes, poco claros según refleja el fallo, pero su intervención no fue «tan intensa» que permita suponer que transgredió las líneas rojas del derecho penal. Lo hizo, pero no con la fuerza necesaria. Rodríguez habló con unos y con otros y logró que la empresa entrara en Telde con un concurso a su vez amañado por funcionarios corruptos que sí han sido condenados. Incomprensible razonamiento que se salva con el indubio pro reo pero que pone en tela de juicio la labor de algunos magistrados que se estrellan contra la percepción de una sociedad cada día más sorprendida por la actuación de la Justicia.
