Es todo un tema la fiscalidad canaria. En nombre de la lejanía y del bien común,los empresarios pagan muy pocos impuestos. Ahora tienen otro chollo. Meter sus beneficios en deuda publica en vez de pagar impuestos.... ¡¡la repera!!
La demanda de deuda pública para dotar RIC se desborda
Siete minutos tardó en consumirse la deuda del Gobierno canario de 50
millones apta para materizalizar dotaciones a la Reserva de Inversiones
de Canarias (RIC); y hace unos días volaron otros 53 millones del
Cabildo grancanario. Esta avidez apunta a que los empresarios prefieren
evitar riesgos en la inversión en un contexto marcado aún por la
debilidad del consumo.
Visto y no visto: la adjudicación de la oferta pública de 50 millones
de euros del Gobierno canario, que se realizó por orden de entrada,
comenzó a las 8:00 horas y a las 8:07 ya se había cubierto la totalidad
de la emisión que se formalizó a través de bonos a cinco años a un
interés fijo del 0,5% anual, el más bajo de su historia, destacó una
eufórica Consejería de Economía y Hacienda.
El «éxito» del que presume el Ejecutivo canario tiene mucho que ver con
lo ocurrido hace unos días, cuando la emisión de deuda de 53 millones
lanzada por el Cabildo grancanario, también con cargo a la RIC para
2014, fue devorada en 40 minutos.
La rapidez con la que colocó esta deuda insular el pasado 11 de
noviembre puso en alerta a los inversores potenciales, que ayer dieron
cuenta de los 50 millones de la comunidad en un santiamén, casi en menos
tiempo de lo que se tarda en definir la reserva de inversiones para
Canarias, el incentivo fiscal que posibilita una reducción en la base
imponible de hasta un 90% del beneficio no distribuido, en el Impuesto
sobre Sociedades de las empresas que desarrollan su actividad en el
Archipiélago.
Lo sucedido ayer confirma, en primer lugar, que la demanda de deuda
pública con la que dar salida a las dotaciones de la RIC supera «con
creces» una oferta que los expertos consideran «muy modesta», limitada
por las exigencias impuestas por el Gobierno central a las
administraciones locales de minimizar al máximo su endeudamiento.
Pero también es una evidencia de que la oferta de deuda pública se ha
convertido en «una de las opciones más interesantes donde las empresas
pueden invertir unos recursos con fecha de caducidad –la RIC debe
materializarse en el plazo máximo de cuatro años– cuando no hay un
proyecto mas atractivo en el que arriesgar»