viernes, 5 de diciembre de 2014

Otra injusticia fiscal en Canarias... ¡otra!

Es todo un tema la fiscalidad canaria. En nombre de la lejanía y del bien común,los empresarios pagan muy pocos impuestos. Ahora tienen otro chollo. Meter sus beneficios en deuda publica en vez de pagar impuestos.... ¡¡la repera!!
La demanda de deuda pública para dotar RIC se desborda
 Siete minutos tardó en consumirse la deuda del Gobierno canario de 50 millones apta para materizalizar dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC); y hace unos días volaron otros 53 millones del Cabildo grancanario. Esta avidez apunta a que los empresarios prefieren evitar riesgos en la inversión en un contexto marcado aún por la debilidad del consumo.
Visto y no visto: la adjudicación de la oferta pública de 50 millones de euros del Gobierno canario, que se realizó por orden de entrada, comenzó a las 8:00 horas y a las 8:07 ya se había cubierto la totalidad de la emisión que se formalizó a través de bonos a cinco años a un interés fijo del 0,5% anual, el más bajo de su historia, destacó una eufórica  Consejería de Economía y Hacienda.
El «éxito» del que presume el Ejecutivo canario tiene mucho que ver con lo ocurrido hace unos días, cuando  la emisión de deuda de 53 millones lanzada por el Cabildo grancanario, también con cargo a la RIC para 2014, fue devorada en 40 minutos.
La rapidez con la que colocó esta deuda insular el pasado 11 de noviembre puso en alerta a los inversores potenciales, que ayer dieron cuenta de los 50 millones de la comunidad en un santiamén, casi en menos tiempo de lo que se tarda en definir la reserva de inversiones para Canarias, el incentivo fiscal que posibilita una reducción en la base imponible de hasta un 90% del beneficio no distribuido, en el Impuesto sobre Sociedades de las empresas que desarrollan su actividad en el Archipiélago.
Lo sucedido ayer confirma, en primer lugar, que la demanda de deuda pública con la que dar salida a las dotaciones de la RIC supera «con creces» una oferta que los expertos consideran «muy modesta», limitada por las exigencias impuestas por el Gobierno central a las administraciones locales de minimizar al máximo su endeudamiento.
Pero también es una evidencia de que la oferta de deuda pública se ha convertido en «una de las opciones más interesantes donde las empresas pueden invertir unos recursos con fecha de caducidad –la RIC debe materializarse en el plazo máximo de cuatro años– cuando no hay un proyecto mas atractivo en el que arriesgar»