La ayuda creada por el Gobierno de
Canarias para garantizar las necesidades básicas de las unidades
familiares sin recursos y luchar contra la exclusión social, la
Prestación Canaria de Inserción (PCI), solo llega a uno de cada cien
hogares en los que no hay ningún tipo de ingreso. Así concluye la
investigación sobre la situación de los servicios sociales en el
Archipiélago que elaborado por el Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Las Palmas.
En el texto se recuerda que aunque la
demanda de este tipo de ayuda ha crecido en cerca de un 30% desde 2009,
solo llega a uno de cada cien hogares sin ningún tipo de ingreso , e
informa de que mientras los perceptores de la PCI rondan los 5.800, se
calcula que el número de hogares en exclusión son alrededor de 58.000.
Si el indicador que se tiene en cuenta es
el porcentaje de población de riesgo en exclusión al que se está dando
respuesta, este es tan solo del 0,5%.
Ademas, hay una reducción progresiva entre
el número de personas que solicitan, las que se tramitan, las
concedidas y las denegadas; destacando el hecho de que en 2014 el
aumento de solicitudes y el descenso de las concesiones fue de un 25%.
Pero el Gobierno de Canarias no es el
único que no está atendiendo a las personas sin recursos suficientes,
según se desprende del informe, puesto que en él se asegura que en la
situación de los servicios sociales de las diferentes administraciones
públicas se puede ver que crece la desprotección social, con un aumento
de la demanda en servicios sociales en más de un 40%, una reducción del
personal en más de 500 empleadas públicas en cinco años y de los
servicios, y una disminución de la financiación en este sistema público
(233 millones menos), aumentando los niveles de privatización de los
servicios, empeorando la calidad de la atención.
De hecho una de las principales
consecuencias, a juicio de los trabajadores sociales, ha producido un
aumento de la desigualdad de un 12% desde el comienzo de la crisis,
detallando que los factores determinantes del empobrecimiento son que se
ha destruido empleo estable y creado precario, se ha cronificado el
desempleo, crece el número de hogares sin ingresos, aumenta la
desigualdad de la renta, existen de personas empleadas empobrecidas y el
sistema de políticas sociales es lento e insuficiente.
