Con el paso de los años se hablaría de Santa Lucía como el más serio intento de Ayuntamiento autogestionario de España.
La plasmación de este ideal tiene lugar en la creación del Consejo Ciudadano impulsado desde el mismo Ayuntamiento de Santa Lucía. En la década de los ochenta, a causa de las grandes necesidades de los barrios, sus asociaciones vecinales todavía eran tremendamente dinámicas y reivindicativas. En este clima se pone en marcha un Consejo Ciudadano.
Cuando el pleno del Ayuntamiento lo aprueba le otorga competencias decisorias con el objetivo de que de las Asambleas de los Barrios emanaran directrices vinculantes para la corporación municipal. Este Consejo estaba compuesto por una representación de cada barrio, a razón de un miembro por cada 500 vecinos y junto a la corporación municipal abordaba temas municipales: presupuestos, tributos, planes de obras, etc. En total, 28 vecinos con capacidad decisoria frente a 21 concejales. Para tratar temas específicos se crean Comisiones Sectoriales y como órgano de representación del Consejo entre sesiones, un representante de cada barrio, formaban la Coordinadora Ciudadana.
La primera reunión del Consejo Ciudadano fue suspendida por la Audiencia Territorial de Las Palmas por entender que era inconstitucional.
