MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
En España puede ocurrir que el chófer de un empresario pague más
impuestos que el propio patrón. Las excesivas facilidades que ofrece
actualmente el impuesto de sociedades, tal cual está planteado, provoca
que las grandes compañías minimicen e incluso eludan el pago de sus
obligaciones fiscales. Y esto es porque las
micro empresas que facturan entre 6.000 y 60.000 euros tributan a un tipo efectivo del
23,9%; las que ingresan
entre seis y 12 millones lo hacen al
21,2%; y las multinacionales que facturan
más de 180 millones al
19,5%.
Estos tipos crean una desigualdad que hace que sea relativamente
sencillo evadir impuestos en España. De hecho, el cuerpo de técnicos del
Ministerio de Hacienda asegura que las grandes fortunas y las
corporaciones empresariales son responsables del 71% de la evasión
tributaria total, lo que, en opinión del secretario general de Gestha,
José María Mollinedo, “está en consonancia con la gran cantidad de billetes de 500 y 200 euros que hay en nuestro país (el 72% del efectivo)”.
A esta brecha fiscal hay que sumarle los
múltiples casos de “conflictos” en la aplicación de la ley tributaria,
en la que, por ejemplo, personas con grandes fortunas crean sociedades
para reducir su carga impositiva, o incluso fijan su residencia fiscal
en otro país para esquivar los impuestos españoles. Este es el caso del
arquitecto valenciano Santiago Calatrava, que en plena campaña del
Gobierno español contra la evasión de capitales fuera de nuestras
fronteras, la pasada semana comunicó su intención de llevarse su
“fortuna” a Suiza. La mejor prueba de que desde hace años el Gobierno ha
puesto “la lupa” sobre las rentas de los autónomos y pymes, en lugar de
perseguir a las grandes empresas.
En Canarias, por ejemplo, los trabajadores y pensionistas
declararon, según la última estadística de 2010, una media de 5.900
euros más (52%) que los pequeños empresarios y profesionales, y
alrededor de 6.700 euros más, si se comparan con las grandes empresas.
Para Mollinedo, la “miopía” de la Agencia Tributaria para enfrentarse
al fraude de las multinacionales es “obvia”, puesto que “no es creíble
que un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño
empresario, notario, médico o arquitecto”. De ahí que el Archipiélago
sea una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de economía
sumergida, en torno al 25%. “Hacienda está perdiendo la batalla contra
el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada y
centrada en lo más fácil, que es el control de las rentas más bajas, en
lugar de inspeccionar las bolsas más grandes de fraude, que son las que
representan las grandes fortunas”, apostilla.
Un dato. La Agencia Tributaria concentra el 80% de sus recursos a investigar a autónomos, pymes y asalariados.
El motivo, según Mollinedo, no es otro que “cumplir con los objetivos”.
Inspeccionar a los pequeños es mucho más fácil y así Hacienda se
asegura los objetivos, aunque “no impide que la economía sumergida
crezca, lo que provoca una propensión al fraude muy elevada”. Por este
motivo, desde Gestha se ha propuesto al Ejecutivo utilizar todos los
mecanismos a su disposición para investigar a los que realmente evaden
sus impuestos, y poner en marcha una “armonización fiscal en el impuesto
de sociedades, para evitar la huida masiva de grandes fortunas a otros
países”.
Sin embargo, en un intento por acabar con los defraudadores, el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva meses poniendo en marcha
una serie de medidas para controlar la economía sumergida pero que, al
final, no han dado el resultado esperado.
Tras el fiasco de la amnistía fiscal,
que no llegó a recaudar ni el 10% del objetivo inicial, el ministro
anunció la pasada semana la intención de publicar una lista con los
defraudadores de Hacienda, tal y como hacen Irlanda o Inglaterra. El
anuncio de Montoro se produjo justo un día después de lanzar una clara
advertencia a los medios de comunicación más críticos a los que aconsejó
que pagasen sus impuestos puntualmente.
El ministro imitaba así a lo ocurrido hace unas semanas en Gran
Bretaña, cuyo Gobierno acusó públicamente a las grandes Google, Amazon y
Starbucks de “evadir sus impuestos”, lo que provocó concentraciones
ante la sedes de esta última. En opinión del secretario general de
Gestha, esta medida, además de no ajustarse a la legalidad, no serviría
de mucho, ya que “si Hacienda tiene los nombres de los que defrauda, lo
que tiene que hacer es obligarles a pagar”.
Mollinedo asegura que si Hacienda investigara realmente el dinero de
la amnistía ingresaría 8.700 millones de euros. La amnistía, aprobada a
finales de marzo por el Ejecutivo y finalizada el pasado 30 de
noviembre, solo exigía el pago del 10% del patrimonio oculto fruto de la
evasión de impuestos, lo cual “supone un agravio comparativo para las
empresas y contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales”.
Además, el montante total del patrimonio aflorado solo ha supuesto el
3,9% de los impuestos evadidos y las tres amnistías anteriores (1977,
1984, y 1991) “tampoco dieron resultado”. “Lo que los contribuyentes
quieren”, advirtió, “es que si Hacienda conoce una gran empresa o club
de fútbol que evade o no paga sus impuestos, que los obligue a pagar”.
El presidente de la asociación de autónomos de Canarias (ATA),
Juan Carlos Arricivita,
sin embargo, alabó esta iniciativa y señaló que le parece “justo” que
si una empresa, sea grande o pequeña, “no paga sus impuestos, que se
sepa, al igual que ocurre con las listas de morosos en las comunidades
de vecinos”. Arricivita indicó que la alta morosidad de la
administración pública, unida a la falta de crédito de los bancos, ha
provocado el cierre de muchas pymes. “Al pequeño no se le perdona nada,
mientras a la gran empresa se le permite acumular deudas”. El sistema
tributario español debe ir enfocado a que “pague el que más tiene” y
“tender a la protección del pequeño”. Sin embargo, indicó,
se está favoreciendo la economía sumergida. Se puede decir que hasta está “bien visto” evadir al fisco.
