ALQUILER O HIPOTECA?¿?¿?¿

Los números son elocuentes: Viviendas que hoy están sujetas a cuotas hipotecarias que rondan los 400 euros al mes se están alquilando por más de 700 euros. A pesar de todo,  los expertos se niegan hablar de una burbuja en el sector.

LA PRESIÓN TURÍSTICA DISPARA EL PRECIO DEL ALQUILER EN LAS ISLAS

El piso tipo de alquiler en el archipiélago –de aproximadamente 94 metros cuadrados–, se alquiló en marzo por una renta media de 745 euros mensuales en las islas, lo que supuso un ascenso del 11,19% respecto al trimestre anterior. Se trata de la subida más importante de España, según el informe trimestral de precios de alquiler de la inmobiliaria www.pisos.com

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En el último año, el precio del alquiler se ha disparado, hasta aumentar un 21,14% respecto a marzo de 2017, lo que convierte a Canarias en la cuarta comunidad en la que más ha crecido. Las subidas han sido además «muy intensas» en las dos capitales canarias, coincidiendo con el auge del fenómeno del alquiler vacacional: en Las Palmas de Gran Canaria, los precios se han elevado un 15% en un año, hasta los 955 euros al mes; un repunte que se eleva al 17,7% en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 765 euros.

CANARIAS: SE MULTIPLICA LA VENTA DE VIVIENDAS A EXTRANJEROS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG

A finales de 2012, Mariano Rajoy anunciaba la intención de su Gobierno de modificar la legislación española para conceder permisos de residencia a los extranjeros que compraran un inmueble por importe superior a los 160.000 euros.  De esta manera, el Gabinete ultraconservador pretendía satisfacer las peticiones de los grandes promotores y los bancos, interesados en colocar la cantidad ingente de viviendas construidas antes del estallido de la "burbuja inmobiliaria", sin necesidad de bajar los precios hasta adecuarlos a la demanda interna.

En Canarias, el anuncio de Rajoy fue inmediatamente aplaudido por los"empresarios del ladrillo", que no tardaron en dar un paso más en la misma dirección.  En enero de 2013, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María Salud Gil,admitía que los promotores inmobiliarios del Archipiélago se preparaban para ir a la búsqueda de compradores europeos con los que "dar salida a una parte de su stock de viviendas de alta gama".

Por aquellas fechas, Gil especificaba que buscarían compradores principalmente en Gran Bretaña y Alemania; si bien realizarían también "una prospección hacia los países nórdicos, Rusia y Polonia".

   Salud Gil reconocía, asimismo, que la iniciativa empresarial buscaba detener el descenso de los precios de las viviendas que, según todos los analistas, continúan estando sobrevaloradas pese a la caída acumulada de los precios.  "En el sector preocupa - aseguraba - que se alcance una zona de peligro en la que el margen de beneficio resulte insuficiente para poner al día los negocios".

   Hoy, es posible asegurar que la estrategia de la patronal de la construcción ha dado sus frutos.

   Durante el 2013, Canarias acumuló el 24,6% de las compras de pisos por extranjeros, según el anuario inmobiliario del Colegio de Registradores. El Archipiélago fue la región del Estado español donde más crecieron las operaciones de compraventa de viviendas, un 10,04%, en un mercado que estuvo protagonizado por estos compradores foráneos, que en 2013 se quedaron con una de cada cuatro casas que cambiaron de propietario en las Islas (el 24,60 %).

La tendencia se vio incrementada, de forma exponencial, durante el  2014, y se ha mantenido hasta la fecha.  Durante el último semestre de 2016, el 27,5% de los inmuebles comprados en Canarias fueron adquiridos por extranjeros Tras Baleares, el Archipiélago es la segunda autonomía en el que ciudadanos no españoles tienen mayor peso en el mercado inmobiliario.

Así lo ha informado este jueves una conocida inmobiliaria con presencia en las Islas, para añadir que, en total, el número de compras de viviendas por parte de extranjeros en España alcanzan cifras superiores a las 42.000 operaciones al año.

En concreto, para Canarias se estima un aumento de las operaciones inmobiliarias de entre el 12% y el 15% para el 2017, además de un aumento de entre el 3% y el 4% del valor medio.

Este acaparamiento de viviendas por parte de foráneos ha permitido que, pese a la caída de las ventas entre los residentes de las islas el precio de la vivienda en Canarias haya aumentado un 2,9% en el segundo trimestre del año, el cuarto crecimiento más pronunciado tras Baleares, Madrid y Catalunya.

La Justicia condena a Caja Rural por prestarse a especular con la casa de una anciana en Corralejo

Vivienda en el casco antiguo de Corralejo que era propiedad 
de Euleuteria Umpiérrez CEDIDA A CANARIAS AHORA

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Puerto del Rosario ha anulado una hipoteca concedida por Caja Rural de Canarias y obliga a la entidad a pagar las costas de los procedimientos por prestarse a especular en el caso del Casco Viejo de Corralejo, en Fuerteventura.La jueza no entiende cómo la entidad financiera se "descuidó tanto" con la operación crediticia concedida a Javal Unión por valor de 350.000 euros "al tener tantas lagunas el expediente hipotecario".Desde el Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo animan a aquellos afectados en la trama del pueblo a acudir a la Fiscalía y que " den cuenta de la maquinación económica de las empresas que se han quedado con dinero fácil y han dejado un problema a la entidad bancaria". Estiman que los bancos han perdido casi tres millones de euros por esta trama inmobiliaria en la que empresas sin actividad alguna, empresas denominadas fantasma, solicitaban un crédito a una entidad financiera hipotecando una propiedad de un vecino del pueblo y, transcurrido unos meses, dejaban de pagar las cuotas financieras obligando a los bancos a ejecutar judicialmente la hipoteca.
HTTP://WWW.ELDIARIO.ES/CANARIASAHORA/TRIBUNALES/JUSTICIA-CAJA-RURAL-ESPECULACION-CORRALEJO_0_532647017.HTML

Canarias sigue sin paralizar los desahucios con una oficina autonómica

Seis meses después de pactar para gobernar Canarias, CC y PSOE siguen sin querer oficializar su anuncio de contribuir en lo posible a paralizar los desahucios con la constitución de una oficina institucional y autonómica al efecto, bajo el argumento de que, la que llama la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Defensa del Derecho a la Vivienda, «actualmente se encuentra en fase de diseño» y, «en cuanto a su dotación presupuestaria, no está aún concretada».

Así se lo ha transmitido la Consejería canaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que dirige la socialista Patricia Hernández, al diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, en varias respuestas parlamentarias que datan de finales de noviembre. Un departamento, por otra parte, que ha querido responsabilizarse de esta labor cuando en otras CC. AA., como Asturias, no sólo se ha creado una ventanilla, una figura distinta, sino que recae en la Consejería de Justicia asturiana, al tratarse, en definitiva, de garantizar la defensa jurídica de los afectados.

Más desahucios en Canarias durante el tercer trimestre del año

Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados de Canarias aumentaron un 10,3 por ciento en el tercer trimestre de este año respecto al mismo período del año anterior, para cerrar ese período con 817 casos.

Los desahucios se incrementaron este verano en doce comunidades autónomas y lo hicieron en mayor medida en La Rioja y Extremadura, mientras que disminuyeron en las restantes cinco autonomías.

Según el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales" publicado hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los desahucios practicados durante el tercer trimestre del año -que afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas- fueron 13.341, un 7,3 % más que en el mismo periodo de 2013.

"No hay una respuesta por parte de estos organismos y se está dejando en la calle a familias, cuando es ilegal"

Inma Évora, representante de la PAH en Tenerife

Al igual que otros movimientos sociales, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Tenerife (PAH) surgió a la vera de los encuentros ciudadanos del 15M. Con representación en gran parte de la geografía española, la PAH en la isla desarrolla asambleas semanales en un archipiélago en el que se ordenaron en 2013 un promedio de 360 desahucios cada mes, según una estadística proporcionada por el Consejo General del Poder Judicial. Unas cifras que Inma Évora, representante de la plataforma en Tenerife, afirma que son bastante inciertas y que, a tenor de sus cálculos, han aumentado durante 2014.
Con el derecho a la vivienda como principal argumento, Évora asegura que si una persona no tiene recursos económicos para afrontar el pago de un hogar, el Estado o el Gobierno de Canarias deben tutelar este derecho. Sin embargo, agrega que "no hay una respuesta por parte de estos organismos y se está dejando en la calle a familias, cuando es ilegal". Incluso, tacha de absurdo el proceso actual de adjudicación de viviendas públicas. La representante de la PAH en Tenerife cree que "no se puede hacer pasar a las personas por un filtro burocrático tremendo para ver las prioridades de cada familia para luego meterlas en un bombo y sortear las viviendas".
Tras solucionarse la situación de una joven que se declaró en huelga de hambre frente el Ayuntamiento de Santa Cruz, desde la PAH se tiene claro que ha sido una caso que se ha usado para polemizar. "Todos tenemos derecho a una vivienda en igualdad de condiciones", y Luciana "ha sido criminalizada y se le ha dado un trato vejatorio en el ayuntamiento". Aunque también recuerda que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Justamente sobre la actuación del consistorio capitalino antes los desahucios, Inma Évora confiesa que lo podría hacer mejor. No obstante, considera que "el Gobierno de Canarias lo está haciendo peor todavía ya que lleva echando balones fuera durante años aplicando políticas de vivienda y sociales nefastas".
La dación en pago se plantea como una de las soluciones para algunas familias, aunque no todas. Desde la PAH ven incoherente que, pese a perderlo todo, "te quedes con la deuda de por vida. Te colocan en todas las listas de morosos, no eres apto para créditos y tristemente vivimos en un sistema en el que el crédito es lo que ha hecho sobrevivir a las familias. No podemos seguir ejerciendo prácticas que avoquen a la gente a la miseria y a la exclusión social", se lamenta Inma Évora.
Hace unos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal la ley hipotecaria española y la calificó de abusiva. En este sentido, la representante de la PAH asegura que deben paralizarse todos los desahucios aunque indica que "hay que tener en cuenta que en España el poder judicial está muy vinculado a la política y que cuando entra un partido sitúa en lugares estratégicos a quien les interesa". Por esta razón, Évora considera que no se acaban los desahucios pese a que tampoco se explica por qué no se crea un parque de viviendas públicas con alquileres sociales asequibles a la economía de las familias. Si no se lleva a cabo así, "sí que estarían viviendo por encima de sus posibilidades, pero de forma obligada al tener que pagar un hogar que no se pueden permitir."

500 casas sociales del Gobierno están vacías

En Jinamar, 58 viviendas acabadas hace dos años y vacías

GHM/Canarias7
La reforma de la Ley de Vivienda de Canarias entró en vigor el sábado, con medidas para «garantizar el derecho a la vivienda». Entre ellas, ninguna se detiene a corregir el desfase que acumula el Ejecutivo regional. La cifra más optimista admite que 500 viviendas sociales llevan años vacías y sin adjudicar.

"LEY ANTIDESAHUCIOS": EL ÚLTIMO BLUFF DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Por A. Ramírez - Canarias-semanal.org

    La reforma de la Ley Canaria de Vivienda, actualmente en trámite parlamentario, podría convertirse en el enésimo bluff del Ejecutivo autonómico. En la estela  de la legislación aprobada en este ámbito por la Junta de Andalucía, el Gobierno regional  ha presentado su iniciativa como una "ley antidesahucios" que - supuestamente - estaría destinada a detener lo que se ha convertido en un verdadero drama social. Los desalojos de miles de familias a las que el estallido de la crisis capitalista y de la burbuja inmobiliaria creada por los propios bancos está dejando en la calle y con deudas impagables.

   Los datos que se han podido conocer en torno a la publicitada reforma, sin embargo, indican que  la misma podría ser tan insatisfactoria como la ley de Andalucía, donde el Movimiento por el Derecho a la Vivienda advirtió tempranamente que "no garantizaba el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada".

   En sus presentaciones públicas, los portavoces del Gobierno de Canarias anunciaron que, tras la reforma de la ley, el Ejecutivo expropiaría las viviendas de los bancos de las que se fuera a desalojar a familias en riesgo de exclusión social que no pudieran pagar sus hipotecas, para permitir que éstas puedan permanecer en sus casas.

   Ahora, no obstante, el gabinete de CC y PSOE ha aclarado que la "expropiación" se llevará a cabo solamente durante un periodo máximo de tres años. Durante este tiempo, se abonaría al banco un justiprecio en forma de renta mensual que se financiará en parte con fondos públicos y en parte con los que aporte el propio desahuciado, que deberá desembolsar hasta un 25% de los ingresos de la unidad familiar.

   Pasados los tres años, el banco recuperará su vivienda. La iniciativa legislativa evita especificar qué pasará con las familias desahuciadas  que sigan entonces en extrema penuria económica. Algo más que posible en base a las previsiones sobre la evolución de la economía canaria y las futuras tasas de desempleo. Resulta evidente, no obstante, que la entidad financiera continuaría entonces con el procedimiento de desahucio, tras haber recibido un particular alquiler durante el periodo de "expropiación"; mientras que los desalojados perderían tanto la vivienda por la que un día se hipotecaron como lo invertido en la misma mientras fueron capaces de hacer frente a los pagos.

   Pero existe aún otro elemento del texto legal que permite aventurar desagradables sorpresas. La nueva ley que ya ha llegado al Parlamento regional  condiciona la aplicación de las medidas de auxilio a las familias más necesitadas a "las disponibilidades presupuestarias”. Una disposición idéntica a la utilizada por el Gobierno de Canarias para dejar de pagar las subvenciones a las que tenían derecho alrededor de 1.700 jóvenes que en su día se hipotecaron acogiéndose a las ayudas del  plan "Hipoteca Joven".

   Es decir, que la publicitada "ley antidesahucios" podría quedarse, finalmente, en papel mojado por las exigencias de la “austeridad” y el recorte del déficit.

CÓMO DESAHUCIA EL GOBIERNO DE CANARIAS

PAH TENERIFE
Como era de esperar el Gobierno de Canarias sigue mintiendo a la ciudadanía, descaradamente, sin ningún pudor. Visocan, la inmobiliaria del Gobierno, sigue ejecutando desahucios, sin ir mas lejos este próximo lunes 13 de enero en Garachico, tras haber suscrito un contrato de arrendamiento con una pareja de jóvenes, que en el momento de la firma del mismo ya se encontraban desempleados y percibiendo únicamente 426 euros. (...)

Mañana Viernes 10 de enero, a las 11:30 horas, convocamos a los medios de Comunicación y a la ciudadanía a la rueda de prensa que daremos para denunciar estos hechos, ante el edificio de Presidencia de Canarias,Avda. José Manuel Guimerá, Santa Cruz de Tenerife

El Archipiélago tiene más de 138.262 viviendas deshabitadas

A principios del decenio había 138.892; hace dos años 138.262. La crisis no ha hecho que este número cambie demasiado. Porcentualmente eso significa que el 13,3% estaban deshabitadas.

Le quitan el paro y pierde hasta la casa por un error administrativo

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Hernán, junto a su abogada, Beatriz Pérez Báez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aceptó en días pasados el desesperado recurso de un trabajador que, un buen día de hace cuatro años fue a buscar trabajo y, por mor de un error administrativo, acabó perdiendo hasta la casa. Esta es su historia.
“Nunca había estado en el paro. Por eso buscaba empleo siempre que podía, aunque me quedase más de año y medio de prestación”. Así arranca su relato Hernán, un obrero que el 26 de enero de 2009 se presentó en una pequeña empresa de Las Chafiras donde buscaban a un soldador. “Éramos tres, así que el capataz nos pidió que soldáramos una pequeña pieza de prueba para saber quién lo hacía mejor. Cuando me tocó a mí, me tocaron en la espalda: era la inspectora”.
No hubo manera de convencerla, a pesar de la insistente negativa tanto por parte de Hernán (“¡Iba vestido de calle! ¿Quién se pone a soldar vestido de calle?”).
En el acta puso que hasta había reconocido que “estaba a prueba”, dando por hecho que se encontraba ante una infracción muy grave que tanto el jefe de Inspección como la Dirección General de Trabajo ratificaron posteriormente: Hernán no solo perdió lo que le restaba de prestación sino que tuvo que devolver lo cobrado desde aquel infortunado día de la prueba, mientras que la empresa fue sancionada.
“Lo peor es que la prueba era para un trabajo de un mes, y para colmo la empresa cerró al poco tiempo. Todo fue peor desde entonces”, se lamenta Hernán, superviviente de una espiral de adversidades que pasan por la enfermedad de su esposa, que a los dos meses sufrió una parálisis que le ha dejado en situación de dependencia, y la imposibilidad de pagar la hipoteca, lo que a finales del año pasado se tradujo en desahucio.
“No quisimos armar lío, sino que recogimos y nos fuimos: vivíamos con los 400 euros de ella nada más”. Lo del empleo ya sabemos todos cómo está en Canarias, una de las regiones con más paro de Europa.
Pero durante tanto infortunio, algunos rayos de sol. Hernán y su mujer descubren con asombro que Trabajo no lo emplea en la cerrajería donde hizo la prueba sino en otra de Valle San Lorenzo cuyo propietario también se llama Hernán.
A partir de ahí, la actitud de los funcionarios cambia y la misma inspectora que genera el desastre es quien indica un día a la mujer de Hernán que debe recurrir y dónde para evitar que la decisión sea firme, ante la imposibilidad de dar marcha atrás.
Al solicitar abogado de oficio, les cae en suerte la letrada tinerfeña Beatriz Pérez Báez, que defiende con tanto tino el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sentencia da la razón a Hernán en la forma y en el fondo. En la forma porque todas las comunicaciones de la Inspección se realizan a una dirección inexacta de ese piso de San Isidro sobre el que ahora han perdido todos los derechos.
En el fondo, porque si bien el acta de la Inspección goza de presunción de veracidad, no basta con proclamar que Hernán fue sorprendido en un trabajo remunerado sin aportar prueba alguna de que tal afirmación se adecua a la realidad.

"Me están desangrando viva"

HARIDIAN MEDEROS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Ha roto su silencio. Hasta ahora ha permanecido callada por vergüenza y miedo, como otras personas que están en su misma situación, al borde del desahucio, drama que ha dejado sin techo a casi 8.500 canarios en los últimos cuatro años. María Isabel Hidalgo se siente como un león enjaulado en su propia casa, ubicada en la Urbanización La Estrella en Telde. Con lágrimas en los ojos narra cómo se ha visto inmersa en una situación jamás imaginada, abocada a vender sus recuerdos por un euro en un rastrillo para poder subsistir. Con 45 años de edad, adquirió su vivienda en 2004 con una hipoteca de unos 90.000 euros. Se veía trabajando hasta los 73 años como cocinera para pagar las cuotas de su hogar, pero ahora, con 54 años y en desempleo, ha visto derrumbarse su castillo de naipes.
El pasado julio adoptó la decisión de dejar de abonar la hipoteca. "No podía más". O afrontaba tal osadía o dejaba de comer y sufragaba recibos, como el agua, la luz, la contribución o la comunidad de vecinos, entre otros gastos. Desde entonces recibe cartas del banco con las que podría empapelar las paredes de su pequeño piso y una pesadilla recurrente la atormenta cada noche: Alguien la persigue.
La repetición de ese sueño representa su "agonía" y "temor" a que llegue la notificación del desalojo por impago de manos de una comisión judicial. Su vida giró 360 grados hace dos años, cuando sufrió un ictus debido al estrés como jefa de cocina en un restaurante. Durante su convalecencia aprovechó para, aquejada de una dolencia constante en su mano derecha, seguir la recomendación del médico y operarse. Tras un año y medio de rehabilitación le informaron de que no se podía hacer nada más por su extremidad y un Tribunal Médico declaró su incapacidad permanente para ejercer como chef. Era su primera baja en 20 años de trayectoria laboral, de los que quince pasó entre fogones e incluso llegó a ganar dos premios gastronómicos. La empresa en la que trabajaba le despidió, según cuenta Hidalgo, que se quedó cobrando una pensión de 509 euros, mientras que su hipoteca asciende actualmente a 675 euros mensuales, aunque llegó a elevarse a los mil euros hace un tiempo, cuando ella trabajaba. De ahí que sólo pueda costear sus compromisos tributarios y de alimentación.
Hace años perdió a su familia. Sólo tiene el apoyo de sus tres hijos, de 14, 28 y 30 años. El menor habita con ella y los dos mayores la ayudaban hasta ahora, pero el de mediana edad se ha visto afectado por la fiebre del desempleo y la primogénita tiene que cumplir sus propias obligaciones económicas.
"Estamos todos en el bombo de la lotería y me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera. También te puede tocar a ti", expone Isabel, consciente de que la ciudadanía en general está "acostumbrada a ver imágenes de gente muy pobre" y no casos como el de ella, una persona "normal, con su casita, su decoración y sus recuerdos".

UN FUNCIONARIO TASA LAS CASAS QUE DESHAUCIA CON SU EMPRESA

Así se publicó en Canarias7 el 20 de agosto pasado. No lo hemos visto por internet... ¿por qué?
Relata la noticia de este periódico que el Jefe del Servicio de Promoción Pública del Instituto Canario de la Vivienda, Juna Francisco Troya Ferrer cuenta con una empresa de tasación con la que evalúa las viviendas que él, como funcionario, deshaucia y otorga. Así lo ha denunciado una familia víctima de un desahucio que ha trasladado el caso al Juzgado de lo Contencioso 6.
Lo ha denunciado Soraya Sánchez Rodríguez, que había solicitado una reducción del pago de mensualidad como adjudicataria de una vivienda de protección pública. Está en paro y tiene a su cargo cuatro hijos.