EFE

Uno de cada cinco inmigrantes que residen en Canarias podrían quedarse
sin atención sanitaria en los próximos meses como consecuencia de las
reformas aprobadas por el Gobierno, que privan a los extranjeros
irregulares del acceso al servicio público de salud, salvo casos de
urgencia.
Así lo han advertido hoy en Las Palmas de Gran
Canaria varias organizaciones y asociaciones de defensa de los
inmigrantes, como la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de
España, que consideran que se deja a este colectivo en una total
indefensión.
Canarias cuenta con
unos 200.000 inmigrantes, lo que supone el 10 por ciento de la
población, y de ellos, unos 40.000 pueden estar en situación irregular y
verse afectados por los recortes, aunque la cifra es aproximada debido a
la dificultad de conocerla con exactitud.
El
colectivo de inmigrantes es además el más castigado por la reforma
laboral, pues sobre él recaen los empleos más baratos y más recientes,
por lo que muchos de ellos se están quedando sin trabajo con la nueva
legislación.
A ello se une que la Ley de Extranjería
establece que cuando un inmigrante pierde el trabajo, pierde también el
derecho a la residencia en España, por lo que se le priva de su
identidad, según el portavoz de Intersindical Canaria.
En
su opinión, la medida decidida por el Gobierno es "racista y xenófoba" y
vulnera los derechos humanos al negar la asistencia sanitaria a los
inmigrantes.
Entre ellos, hay personas que sufren
enfermedades crónicas y que ahora ya no podrán continuar recibiendo
asistencia médica, lo que les sitúa en una situación muy vulnerable, ha
asegurado Beotegui.
Mercy Yáñez, portavoz de la Federación
Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España, que cuenta con 22
organizaciones asociadas en Canarias, considera que el Gobierno "alienta
la xenofobia" al hacer creer a los ciudadanos que los inmigrantes les
quitan el trabajo y sus derechos a pesar, de que "no somos el enemigo".
Durante
muchos años los inmigrantes han contribuido a la economía de España,
"éramos mano de obra barata, pero ya no nos necesitan" con la llegada de
la crisis, ha lamentado Yáñez.
Beotegui también ha
denunciado los recortes en educación que afectan a los inmigrantes,
quienes a partir de ahora no podrán ser beneficiarios de becas
universitarias.
Se trata de "un sistema clasista" que
penaliza a los inmigrantes y les impide acceder a las ayudas educativas a
pesar de su contribución a la economía y a la sociedad españolas, según
el portavoz de Cobas Canarias, Rafael Segura.
En su
opinión, es falso que los sistemas sanitarios y educativo tenga una
balanza desfavorable debido a los inmigrantes como se quiere hacer
creer, pues durante muchos años han aportado más de lo que han recibido y
ahora se quedan fuera, ha dicho Segura.
Los portavoces de
los inmigrantes han alentado a éstos a manifestarse mañana con motivo
del Día del Trabajo para exigir los derechos de los que el Gobierno les
priva y han recordado que son unos trabajadores más, como el resto de la
sociedad.