«Aborta hoy, y mañana me la mandas a trabajar al Lugo»

Antonio F. de la Gándara/Canarias7

Las cuatro proxenetas nigerianas acusadas por la Fiscalía de forzar a abortar a base de insultos, palizas y amenazas de magia negra a una joven de su país obligada a ejercer la prostitución en España se declararon este lunes inocentes, y aseguraron que la situación era a la inversa: ellas querían que tuviera al bebé pero era ella la que se empeñaba en abortar.

La joven, por su parte, confirmó su relato –a través de videoconferencia y con el status de testigo protegida– y aseguró que fue obligada a interrumpir su embarazo de casi seis meses en marzo de 2010 para seguir generando beneficios como prostituta en Gran Canaria, en el barrio capitalino de El Lugo y en el Sur de la isla.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio contra el clan de proxenetas nigerianas formado por Sonia O. (Mamá Princesa) de 40 años, sus hermanas Marcelina O. (Mamá Osato) de 38 años, Asantessa Y. (Doris) de 30 años y su cuñada Evelyn M. (Mamá Amé) de 42 años. La fiscal Teseida García pide siete años para las tres hermanas y ocho para Mamá Amé, que ya tiene una condena por otro caso idéntico.

Tres de las cuatro acusadas cumplen actualmente condena dictada por la propia Audiencia en 2013 y declarada firme por el Supremo en 2015, como proxenetas y tratantes de seres humanos: Princesa 26 años, Mamá Osato 19, Doris 18, y Mamá Amé, 12 (ya está en libertad).

Fue precisamente cuando se investigaba a las acusadas como miembros de una red dedicada a traer a africanas engañadas para obligarlas a ejercer la prostitución, cuando surgió el caso de la joven embarazada. Así, el grueso de las pruebas son los pinchazos a los teléfonos de las acusadas, en cuyas transcripciones traducidas se las puede leer hablando de la joven embarazada como si fuera un animal que ha dejado de proporcionar alimento y al que hay que maltratar para que vuelva a darlo.

Los abogados defensores –Antonio Cabrera, Alba Isabel Saavedra y Miguel Redondo– aseguran que la conducta de sus clientas no encaja en el tipo penal de aborto, y afirman que la joven lo hizo voluntariamente. Cabrera cree que cambió el relato en un trato con la Policía para conseguir la residencia en España.

Engañada. La denunciante aseguró que sus proxenetas ya le habían practicado un hechizo de vudú antes de salir de Nigeria, y que había venido a España en 2009 engañada para ser forzada a ejercer la prostitución.

«Bastardo». Afirmó que sus jefas le habían pegado y la habían coaccionado para abortar, preguntándole si lo que «quería tener un bastardo» y recordó que no sólo le pasaron la factura de la intervención médica en Madrid, sino que le aumentaron la de su deuda del pasaje (que pagaba prostituyéndose).

«Era de mi novio» . La testigo aseguró que el bebé que estaba gestando era deseado y que el padre era su novio en aquellos tiempos, no un cliente del Lugo. Agregó que a los dos o tres días de abortar ya estaba otra vez ejerciendo la prostitución forzada.

6.000 abortos al año. El ginecólogo Juan Reyes, director de las Clínicas Gara de Telde y Tacoronte, no recordó el caso –apuntó que sus dos clínicas practican unos 6.000 abortos al año– pero sí admitió como posible que hubieran derivado a la joven a la clínica Isadora de Madrid, al exceder la gestación de las 14 semanas –estaba de 22 semanas–. Se trata ya de un caso de riesgo en el que más que un aborto por aspiración se practica un parto inducido, explicó.

Estremecedor. La sala escuchó la charla entre dos acusadas sobre cómo había ido el aborto de la joven en Madrid. Ambas comentaban entre risas que la clínica «parecía un mercado» y que habían dejado allí a la joven sola, diciendo que algo «le quemaba por dentro» y con una fortísima diarrea, contándolo a carcajadas, según la transcripción.«Nunca pensé que esto pudiera ocurrir»

La fiscal delegada de Extranjería en Las Palmas Teseida García, una profesional ya bregada en dramas humanitarios, admitió ayer al finalizar el juicio: «Nunca pensé que esto pudiera ocurrir». La representante del Ministerio Público subrayó el hecho de que las acusadas trataran a la víctima como mercancía e incluso se rieran en las conversaciones telefónicas mientras comentaban cómo habían dejado a la joven en una clínica atestada ara que acabar con la vida de un feto que deseaba dar a luz y que, enfatizó, «podría haber sido una vida». Afirmó que las proxenetas habían viciado el consentimiento de la embarazada con violencia, coacciones, insultos y rituales de magia negra.

Un tribunal atípico.

Los tres magistrados de la Sección Segunda que juzgaron el caso anterior se tuvieron que inhibir en éste, y ello obligó a formar la Sala con otros tres: Salvador Alba, Auxiliadora Díaz y Carlos Vielba. Díaz ha dictado resoluciones contra Alba en el Albagate, Vielba fue denunciado por Alba. Se descarta que comieran juntos.

Inés Herreros: "La Justicia es rápida con el pobre y lenta con el poder"

 ANTONIO F. DE LA GÁNDARA/CANARIAS7

La portavoz en Las Palmas de la Unión Progresista de Fiscales cierra el ciclo de entrevistas con el que las distintas corrientes de opinión del ministerio público han expresado para este periódico su punto de vista sobre las inminentes reformas en el modelo de investigación penal.

 — ¿Hay sumisión de la Fiscalía al Gobierno?

— Sí, claro. El fiscal general del Estado (en adelante, FGE) está nombrado por el Gobierno, luego, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué nombramientos realiza el gobierno? Pues el Gobierno realiza el nombramiento que quiere. ¿Queremos un FGE  que esté nombrado por el Gobierno, o nos parece que eso está mal? Si nos lo preguntan a la Unión Progresista de Fiscales, entendemos que, cuando menos, tenía que haber una designación parlamentaria del FGE, posiblemente con mayorías cualificadas o que, por lo menos, el nombramiento provenga de esa representación de la voluntad popular, no olvidemos que la soberanía reside en el pueblo, y reside para todo, también para el nombramiento del FGE.

— Muy normal no debe de ser esta situación, cuando la Unión Europea amonestó a España en 2014 por la escasa transparencia de las comunicaciones entre el FGE y el Gobierno...

— No sólo eso, sino que también hizo referencia a los nombramientos, a la transparencia que tiene que haber en los nombramientos. Vale que no estén regulados por criterios objetivos, pero entre otras cosas, yo creo que la sociedad tampoco sabe muy bien qué tipo de profesionales quiere. Europa lo que le está pidiendo al Gobierno es: fundamenten sus nombramientos, sean transparentes y déjennos saber por qué ustedes hacen esos nombramientos. Y por supuesto, en cuanto a esa relación que existe entre el Gobierno y el FGE, lo que está claro es que, si yo nombro a una persona, nombro a alguien con el que voy a tener correa de transmisión, con el que voy a poder tener contacto, a  quién puedo llamar a su teléfono personal cuando quiera. Esto no es una cosa que tengamos que imaginarnos que funciona así, es que parece que es así. Los medios de comunicación han desvelado –y no ha sido desmentido–, que una de las razones por las que no fue renovada la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, fue porque  parece que se negó en redondo a realizar los nombramientos que se le pedían por parte del ministro.

— El otro día, su compañero Miguel Pallarés dijo que el reglamento del Ministerio Fiscal, de 1969, es «rancio y franquista». ¿Lo comparte?

— ¿Usted cree que en el franquismo podían tener un reglamento del fiscal que pueda ser válido hoy? A poco que se tenga conocimiento de la historia de España, se puede entender que no podemos tener, con una mínima decencia y dignidad, un estatuto que provenga o tenga sus raíces en la dictadura franquista.

— ¿Cómo puede pervivir?

— Porque no se ha llevado al  debate político qué construcción del Ministerio fiscal queremos.  Porque, más allá de que el fiscal sea el instructor, lo que nos estamos jugando ahora es: ¿queremos verdaderamente un Ministerio Fiscal constitucional, y que tenga esa función de protección no sólo de la legalidad, sino de los colectivos que son más vulnerables y de la gente que está en situaciones de desfavorecimiento social y económico? ¿Verdaderamente nos creemos que el Ministerio Fiscal juega un papel en eso? A mí me parece que no, y el modelo de Ministerio Fiscal tiene que ser mucho más comprometido con los colectivos más vulnerables, con las personas discapacitadas, con los menores, con las situaciones de asimetría social. Y, ¿dónde encontramos situaciones de asimetría social que nos sirvan para determinar qué tipo de fiscal queremos? Pues se me ocurre que en el territorio canario, por verlo más fácilmente, tenemos unas asimetrías económicas de tal calibre, que no podemos hablar de Justicia si en la aplicación de las normas no tenemos presente la incidencia el delito de la pobreza: un lugar como Canarias, receptor y lugar de llegada de migrantes, de personas que huyen de la pobreza, de personas refugiadas, de mujeres en situación de trata, no se ha convertido en territorio de acogida.  Y además, la legitimación para pisar los pies descalzos de estas personas que llegan, la ejercita la Justicia... No somos un territorio de acogida. Creo que, por humildad, nos deberíamos de lavar la boca, antes de mencionar la palabra Justicia.

»Luego está el tema de la asimetría en cuestión de género, queremos un fiscal con perspectiva de género. Si no, cómo podemos hablar de aplicar la Justicia. Queremos definir la figura del Ministerio Fiscal, por supuesto como investigador en el ámbito penal, pero que sea mucho  más que una persona que acusa. Queremos un fiscal protector de las víctimas, y resulta que, ahora mismo, nos encontramos con que la Fiscalía General del Estado, lejos de siquiera potenciar, lo que ya no es  suficiente, lo que está haciendo es restando, y considerando que la protección de las víctimas es algo que no le corresponde. Pues nosotros creemos que sí le corresponde, y por lo tanto, está por decidir qué tipo de Ministerio Fiscal queremos,  porque es verdad también, no se nos puede escapar, que la Justicia –no entendida como virtud de dar a cada uno lo suyo, sino como un conjunto de leyes que se aplican en un estado democrático– es un engranaje que funciona muy ligero cuando se trata de intereses de personas que pertenecen a las clases más desfavorecidas, pero muy lento y muy pesado cuando se trata de afectar a intereses de personas que tengan poder.

— Hombre, escuchar esta definición en boca de una fiscal... Cuando menos, sorprende un poco, ¿no cree?

— Cualquier configuración de poder necesita contrapoderes para no convertirse en un monstruo que nos devore. A mínimo que se estudie sobre teoría política y Democracia, se sabe que el poder va creciendo, se va alimentando, y necesita contrapoderes. Tenemos que preguntarnos si el Ministerio Fiscal podría servir de contrapoder con respecto al Poder Judicial y, de otro lado, qué contrapoderes tiene el Ministerio Fiscal, porque los contrapoderes, así mirando para dentro, ahora mismo se sustentan en el trabajo diario de cada fiscal que quiere trabajar con autonomía, que es una forma de contrarrestar el poder. Creo que  también sería conveniente que la ciudadanía pudiera tener acceso a un mayor conocimiento de cómo se trabaja en el día a día.

—¿Falta de transparencia?

— Se necesita mucho más transparencia, que las portavocías sean mucho más accesibles a la ciudadanía, a los colectivos, a las organizaciones sociales y a los periodistas. Es decir: si en un momento dado la FGE decidió que las preferentes no eran un delito, pues habría que explicarle a la ciudadanía por qué se dijo que no era delito, porque hay mucho jurista y mucha gente dentro de la propia carrera  que entendía que podría ser delito. Entonces, si la FGE decide que no es delito, lo mínimo es que nos explique por qué no es delito. Es sólo un ejemplo.

— Es que, yo creo que hasta que no afloró toda esta corrupción  actual –y cuando digo actual me refiero a la de la era moderna, hasta bien entrados los ochenta–,  el fiscal era una cosa de... de las películas de el Lute, del robagallinas. Al común de los mortales le daba más o menos igual cómo funcionara, mientras funcionara lejos y no se metiera con ellos, ¿no?

— Si, bueno, eso me lleva a pensar que hay otro problema en esa sociedad que debería de ser abordado, y es que en el ámbito judicial utilizamos un lenguaje que nos separa de la gente, que la gente no nos entiende. Parece que somos propios de otro siglo, y nuestro lenguaje es tan especializado –muchas cosas las decimos en latín– que la gente no nos entiende. Tenemos que tener la capacidad de hacernos entender, porque el buen profesional es el que se hace entender. Tenemos que empezar a usar palabras muy distintas a las que estamos acostumbrados a usar. La ciudadanía nos tiene que entender, para comprender el funcionamiento del fiscal y del juez, Al final, la ciudadanía,  ¿qué es lo que  no quiere? No pasar por un juzgado bajo ningún concepto.

— Con estos mimbres que me pinta, me parece que el hecho de que el fiscal asuma la instrucción penal va a ser un poco desastre.

— Evidentemente, asumir la instrucción necesita reformas legislativas, pero eso no es problema, lo que hace falta es voluntad política. Lo que pasa es que la solución que tenemos actualmente tampoco es buena; aquí tenemos ocho juzgados de instrucción, y resulta que, dependiendo del numero al que entres, te pasan unas cosas u otras. No existe una mínima previsión de la ciudadanía sobre qué le va a pasar cuando se instruye un determinado procedimiento.

—¿Por qué lo dice, por falta de uniformidad en las resoluciones?

— Porque cada juez es un reino de taifas en si mismo. Evidentemente, hay unos mínimos. Esa es una de las razones para cambiar. Una de las razones por las que conviene dar la instrucción al fiscal, por supuesto dotado de autonomía. Pero eso es muy sencillo: en la normativa en la que ponga que el fiscal instruirá la investigación penal, tenemos que tener un Estatuto en el que, por ejemplo, no se puedan dar órdenes en asuntos concretos. Una vez que se consiga autonomía, que hay muchas formas de conseguirla, sólo hace falta voluntad política. ¿Qué ganaría la ciudadanía? Que el fiscal  trabaja conforme a unas instrucciones, a unas circulares, a una lógica que es mucho más unitaria, Y cuando una persona vaya a un juzgado, más o menos podrá conocer, con una cierta uniformidad, qué es lo que previsiblemente le puede llegar a pasar.

"Si el fiscal actual instruye, yo me voy a Nueva Zelanda"

Antonio F de la Gándara/Canarias7
Los magistrados Virginia Peña Hernández (Juzgado de Instrucción número 2 de Telde) y Javier García García-Sotoca (Instrucción siete de Las Palmas de Gran Canaria) dijeron este viernes, en la jornada de clausura de la XI Semana de Derecho Penal de Las Palmas, que investigar la corrupción política en España es una tarea harto difícil ante la escasez de medios que ofrece la administración para permitir las pesquisas judiciales, y se mostraron muy críticos con el inminente cambio que proyecta el Ministerio de Justicia para ceder la dirección de la investigación penal al fiscal, dejando al juez como un garante de Derechos.

Especialmente cáustico se mostró el magistrado que en su día instruyó el multicéfalo caso Faycan, Javier García García-Sotoca. Tras repasar la precarias condiciones en las que se permite a los jueces investigar la corrupción, expuso: «El día que el Poder Judicial tenga un epígrafe –como la Corona– para que podamos gestionar nuestro propio presupuesto, a lo mejor empezaremos a hablar de independencia judicial . Hasta que no tengamos esos elementos, estamos donde estamos, investigamos hasta donde podemos y luego, según va subiendo el procedimiento, llega el tío paco con la rebajas, primero la Audiencia, después el Supremo y después el Constitucional, y si en esta situación, encima le dan la instrucción a los fiscales, yo me voy a Nueva Zelanda, que hay buen rugby y un sistema judicial que funciona».

A Garcia-Sotoca le había calentado una pregunta del público sobre el tan cacareado transvase de poderes que proyecta el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para ajustar el paso de España al europeo y poner al fiscal al frente de la investigación penal. Su colega Virginia Peña había enmarcado previamente la postura en la que ambos coincidieron: «Desde el punto de vista de la cualificación, tanto los jueces como los fiscales tenemos la misma  preparación (...); desde el punto de vista de la unificación de carreras tampoco me parece mal. Pero lo que me parece es, que si se hace, debería modificarse el Estatuto del Fiscal.

Alguien del público preguntó a la magistrada si se refería a las «escasas garantías de independencia» que actualmente ofrece el guión al que se ajusta por ley el Ministerio Público, español, y la juez respondió: «Sí».

Probablemente contagiada por la ironía con la que estaba hablando su compañero García-Sotoca –por otro lado, muy poco dado a las salidas de guión con la toga puesta–, Peña Hernández permitió que se la escuchara  sin los rigores del almidón forense: «También entiendo que los jueces de instrucción hemos molestado mucho en los últimos años, y no sé si los fiscales molestarán igual que nosotros», detalló.

CUANDO LA JUSTICIA NO ES MUDA

Escrito por Antonio Morales Méndez

Desde hace meses  asistimos en Canarias a un nuevo asesinato de Montesquieu. El pensador francés  escribió que “el juez debe ser la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”. En nuestras islas hay jueces que  no solo hablan al margen de la palabra de la ley, también  graban y son grabados, son víctimas y verdugos de conspiraciones que se realizan en unos juzgados construidos y mantenidos con dinero público para perseguir el delito y no para organizar tramas que pueden beneficiar a políticos o empresarios  amigos. O para perjudicar a políticos o empresarios enemigos.

 Recordemos algunos de los hechos más destacados de este lamentable espectáculo. El pasado 16 de marzo el empresario Miguel Ángel Ramírez grabó la conversación que sostuvo con el juez Salvador Alba en el despacho del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En ese encuentro el juez y el empresario inculpado por presunto delito contra la Hacienda Pública prepararon una declaración oficial que se debía producir (y se produjo) la siguiente semana; en esa reunión el propio magistrado asesoraba al investigado sobre las respuestas que debía dar. Por la transcripción de parte de esa conversación que se filtró a los periódicos  la declaración de Ramírez iba a servir  para intentar  inculpar a la magistrada Victoria Rosell (en ese momento diputada de Podemos) que había sido denunciada ante el Tribunal Supremo por el exministro José Manuel Soria.

Esa grabación de marzo la conocimos el jueves 12 de mayo cuando Miguel Ángel Ramírez la presentó  ante Carla Vallejo, la magistrada que sustituyó a Salvador Alba en el juzgado de instrucción número 8 (en el que se seguía la causa contra Ramírez y que se había iniciado cuando la titular era Victoria Rosell). En la grabación el juez Alba daba a entender  que si la denuncia de Soria contra Rosell prosperaba la causa contra Ramírez podría ser archivada. El mundo al revés, un funcionario público cuyo deber es perseguir el delito y castigar a los culpables, se dedicaba presuntamente a fabricar pruebas para favorecer a un político que usaba los tribunales para perseguir a una rival política por venganzas personales. Todo esto presuntamente, no vaya a ser que a alguien se le ocurra ahora perseguir al mensajero  por contar un vodevil que se ha transmitido casi en directo en los medios para descrédito de la Justicia.

El Tribunal Constitucional ha recordado en varias ocasiones la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señala que, en el ámbito de la garantía de la imparcialidad, las apariencias son importantes “porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos”. A estas alturas nadie duda de que lo que está ocurriendo en los juzgados canarios está mermando la credibilidad de la justicia y por tanto está deteriorando nuestra democracia.  Y es que el escándalo no se quedó en esa primera reunión. La  primera semana de noviembre el juez Alba presenta en los juzgados otra  grabación que él mismo había realizado a otros magistrados con la intención de demostrar las presuntas presiones que había recibido para archivar la causa contra el empresario Ramírez.

 Tuvieron que pasar seis meses desde que se conoció la reunión entre Ramírez y Alba para que el máximo órgano de control de los jueces se decidiera esta semana a abrir un expediente contra el juez Alba por dos faltas muy graves y una grave, aunque por ahora no se le aparta de sus funciones. En Canarias existen precedentes de jueces expedientados por el Consejo General del Poder Judicial de manera mucho más ágil. Uno de los más conocidos es el  caso de José Antonio Martín, al que se le abrió un expediente en enero de 2006 por la acusación de asesorar a un narcotraficante e interceder ante compañeros magistrados para que lo dejaran en libertad. Aunque el expediente abierto por el CGPJ contra Martín fue resuelto en 2010, con la absolución del acusado por parte del TS, desde que se abrió el magistrado fue apartado de su puesto de presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

A pesar de la apertura del expediente por parte del Consejo General del Poder Judicial, Salvador Alba sigue ejerciendo como magistrado y está previsto que sea el ponente del caso Faycán, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde durante el gobierno del PP y AFV Ciuca. La instrucción de este proceso fue cerrada por el juez Javier García García-Sotoca en febrero de 2009 tras más de tres años de investigación tras unas denuncias de una empresaria a la que le pidieron un 20% de comisión si quería ganar un concurso público. Al cierre del sumario había 37 imputados. La reacción del entonces presidente del Partido Popular José Manuel Soria fue acusar al  ministro López Aguilar de usar a policías, jueces y fiscales para perseguir al PP. El apoyo de Soria a los imputados se ha prolongado todos estos años y en 2015 Carmen Castellano volvió a ser candidata del PP a la alcaldía de Telde aunque el fiscal había pedido para ella (en 2013) 5 años de cárcel por los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en el caso Faycán.

En noviembre de 2014 estuvo a punto de convocarse el juicio del caso Faycán pero el juez  de la Audiencia Provincial Emilio Moya decidió retrasar la fecha del juicio para no perjudicar a una de las imputadas, Carmen Castellano, porque se presentaba como candidata del PP a la alcaldía de Telde. Esta decisión fue criticada por otros magistrados porque no se ampara en ninguna ley. El propio Moya declaraba a Canarias 7 que lo hacía “por sentido común”, según el magistrado “Si el procedimiento ha tardado ocho años en llegar a juicio, nada malo va a suceder porque se demore unos meses”.  Al final los acusados del caso Faycán podrán pedir rebajas de penas por los retrasos provocados por estas y otras razones. Ahora sabemos que Emilio Moya se ha abstenido en el caso Faycán porque es amigo de uno de los imputados, y que el ponente del caso Faycán será el juez Salvador Alba, un magistrado al que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente porque presumiblemente ha cometido dos faltas muy graves y una grave por abusos de autoridad, revelación de secretos e investigación indebida, para perseguir a enemigos y favorecer a amigos. Estos hechos vuelven a pisotear aquel principio del “poder nulo” para los jueces que pedía Montesquieu como garantía de la separación de poderes. (...)

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http://www.antoniomorales-blog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260:cuando-la-justicia-no-es-muda&catid=34:antonio-morales&Itemid=50

La justicia y el poder político

Manuel Mederos
CANARIAS7 puso el pasado martes negro sobre blanco la transcripción íntegra de la grabación que realizó el empresario Miguel Ángel Ramírez al magistrado Salvador Alba en el despacho de éste último y en el que hicieron un trato conveniente para ambas partes. Alba se comprometía a archivar una causa penal  de Miguel Ángel Ramírez  y éste a declarar en contra de los intereses de la también magistrada y candidata de Podemos, Victorial Rosell. La conversación completa deja entrever una auténtica trama que recorre la espina dorsal de la judicatura, implicando a altos cargos de la misma para favorecer los intereses políticos y procesales de José Manuel Soria, ex ministro de Industria, en contra de Rosell, a la que logró sacar de la carrera política y ahora quiere hacer lo propio con su carrera profesional. Una trama con múltiples ramificaciones e implicaciones vergonzantes para la Judicatura, destinada a colocar  determinados hechos judiciales a favor de un político.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=440372

La permeabilidad de la justicia

M. Mederos
La grabación que hizo el empresario Miguel Ángel Ramírez al  juez Salvador Alba mostró con crudeza  esperpéntica la realidad de la instrumentalización de la Justicia, su politización y los comportamientos delictivos de los propios jueces.  Se trata de una situación  que va mucho más allá del caso concreto que ahora se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es un mal que recorre la  columna vertebral del sistema judicial español, como ha puesto de manifiesto recientemente el Consejo Europeo a través de  del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en un durísimo informe en el que acusa a España de no tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia judicial.
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http://canarias7.es/articulo.cfm?id=438331

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ: ¿POR QUÉ NADIE OSA "METERLE MANO" A ESTE DELINCUENTE?

El empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y dueño del Grupo RALONS, no tendrá que ingresar en la cárcel por la sentencia firme que, en 2011, le condenaba a tres años y un día de prisión, por construir en un espacio protegido pasándose por salva sea la parte toda la legislación medioambiental (...).

  Por ARTURO INGLOTT / CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

El empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y dueño del Grupo RALONS, no tendrá que ingresar en la cárcel por la sentencia firme que, en 2011, le condenaba a tres años y un día de prisión, por construir en un espacio protegido pasándose por salva sea la parte toda la legislación medioambiental.

Como se recordará, en 2013 el Consejo de Ministros del Partido Popular le concedía un indulto parcial que reducía su condena a dos años de cárcel, evitándole el ingreso en la cárcel. El indulto, sin embargo, era anulado el año pasado, a petición de Ecologistas en Acción por el Tribunal Supremo debido a “un defecto de forma en su tramitación”. En esas circunstancias, y después de que el empresario volviera a solicitar el indulto, la ley establece que si la misma no era concedida en el plazo de un año el reo debería comenzar a cumplir su pena.

http://canarias-semanal.org/not/19014/miguel-angel-ramirez-por-que-nadie-osa-meterle-mano-a-este-delincuente-/

Cárcel para el exalcalde de La Orotava y el empresario Ambrosio Jiménez por la construcción de un centro comercial ilegal

Catorce años han tenido que transcurrir para que se resuelva, en primera instancia, el conocido como Caso El Trompo. El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al exalcalde de La Orotava Isaac Valencia, de Coalición Canaria; al secretario municipal, Juan Carlos de Tomás Martín; y al constructor Ambrosio Jiménez por la construcción de un centro comercial ilegal en el municipio tinerfeño de La Orotava sobre un suelo catalogado como rústico.

La sentencia castiga a Isaac Valencia a dos años de prisión y nueve años de inhabilitación especial, además de una multa de 4.200 euros, por prevaricación urbanística y atentar contra la ordenación del territorio. La misma pena, por idénticos delitos, recae también sobre el secretario municipal. En el caso de Ambrosio Jiménez, la condena es de cinco meses de prisión y el mismo período de inhabilitación para cualquier profesión vinculada con la construcción, junto con una multa de 3.000 euros.

Pero las penas para los tres condenados no quedan ahí. El fallo judicial también obliga a Isaac Valencia, a Juan Carlos de Tomás y a Ambrosio Jiménez a pagar de su bolsillo, de forma solidaria, el derribo de los 2.137 metros cuadrados del centro comercial El Trompo que incumplen el Plan General de Ordenación (PGO) vigente en la actualidad en el municipio de La Orotava.

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http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Condenados-Orotava-Ambrosio-Jimenez-Trompo_0_555745087.html

LA JUEZ ROSELL, MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, CARLOS SOSA Y LA "PROGRESÍA" DE PODEMOS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- 
El pasado fin de semana se conocía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canariasde ordenar a la Fiscalía que "aparque" hasta despues de las elecciones  la investigación abierta a Victoria Rosell,  juez en excedencia y candidata de Podemos al Congreso por Las Palmas. Como se recordará, la fiscal Evangelina Ríos investiga a Rosell para determinar si dilató una causa contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, coincidiendo con la compra del empresario de una emisora de radio a su pareja Carlos Sosa. 

Los cuatro colegas de Rosell decidieron, por la vía de urgencia, adoptar esta medida solicitada por la magistrada, para "proteger los derechos fundamentales" de la cabeza de lista del partido de Pablo Iglesias por Las Palmas. En su auto, el TSJ de Canarias acuerda también dar tres días de plazo a la Fiscalía para que presente sus alegaciones al recurso. Posteriormente, resolverá si mantiene la protección sobre Rosell y confirma la suspensión de toda acción del ministerio público hasta que se celebren las elecciones del próximo 20 de diciembre.

Más allá de la consideración que nos pueda merecer un dictamen que, en cualquier caso,  no se ha aplicado con anterioridad a otros políticos, lo cierto es que un somero conocimiento de la "Justicia" española basta para augurar que la investigación abierta contra Maria Victoria Rosell tiene todas las papeletas para quedar en agua de borrajas. Sin que de ello puede inferirse sin más, obviamente, la inocencia de la investigada.

 UNA OPERACIÓN DUDOSA LLEVADA EN SECRETO 

 Aunque los aspectos presuntamente delictivos de esta turbia historia todavía son objeto de investigación, y no existen garantías de que podamos llegar a conocer la verdad sobre ellos, existen otros hechos conocidos que deberían ser sometidos a la reflexión pública.  

La Fiscalía sigue indagando, en efecto, en la instrucción que dirigía Rosell contra  Miguel Ángel Ramírez, imputado por una presunta estafa a Hacienda y la Seguridad Social de más de 20 millones de euros, para saber si la juez evitó actuar contra él, otorgándole un presunto "trato de favor", al tiempo que el empresario y la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa,  pactaban una operación por la que éste último se embolsaría la friolera de 300.000 euros.

Cabe señalar a este respecto que el pasado fin de semana, el juez que sustituye a María Victoria Rosell en este caso imponía a Ramírez una fianza de 35 millones de euros, atendiendo a las solicitudes de las acusaciones personadas en esta causa. Estas peticiones estaban pendientes desde el 29 de abril de 2014. Una circunstancia que tuvo en cuenta la Fiscal Evangelina Ríosa la hora de abrir la investigación sobre las posibles irregularidades en la actuación de  Rosell.

 Pero, más allá de estos aspectos judiciales, es también un hecho objetivo la operación mediante la cual Carlos Sosa puso en manos del influyente empresario - ya condenado por otro delito e imputado por el Ejecutivo Rajoy- una licencia de radio obtenida por el periodista por sus estrechos vínculos con el PSOE, partido miembro del Gobierno canario.

 Los casi 50 millones de las antiguas pesetas que la transacción reportaron a Sosa constituyen, según los entendidos en la materia, un precio significativamente superior al del mercado. Así parece corroborarlo, efectivamente, el contrato que antes  había suscrito el propio Carlos Sosa con Fernando Ortega, director de Todoradio, a  quien había cedido la utilización de la frecuencia de Canarias Ahora Radio por solo 60.000 euros  durante un periodo de 10 años. 

 Según declaraciones del propio Ortega, el 6 de octubre llegó a un acuerdo con  UD Radio para la explotación conjunta de la frecuencia y fue este momento, cuando Rosell aún se encargaba de la causa de Miguel Ángel Ramírez, cuando Carlos Sosa "maniobró para arrebatarle la operación".

 Según consta en una declaración de Fernando Ortega -publicada por el diario derechista  El Mundo -  Sosa se dispuso a realizar el mismo el negocio y el 14 de octubre le confirmó que ya lo había cerrado por el importe de 300.000 euros.

El 28 de octubre, Carlos Sosa recibía 101.500 euros mediante transferencia bancaria desde una cuenta de Miguel Ángel Ramírez a nombre de la empresa Clan de Medios, en concepto de adelanto por el arrendamiento de la frecuencia. El resto del dinero hasta la cantidad acordada se pagaría en cuotas mensuales hasta el final del contrato.

 No son pocos los que, atendiendo a la enorme diferencia de precio abonada por el “capo” de la Seguridad Privada al periodista, han visto en la transacción el pago de algo más que una licencia de radio. Sea como fuere, no es ningún secreto que el control de los medios de comunicación, mediante los pagos directos o indirectos de la publicidad, constituye uno de los frentes que debe cubrir cualquier capitalista que se precie. Especialmente, cuando sus prácticas presuntamente delictivas requieren un continuo lavado de imagen.

 Significativamente, toda la operación entre Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez se llevó en el más absoluto secreto. Hasta tal punto, que el Gobierno de Canarias ha incoado un expediente informativo a la empresa del periodista  por no haber puesto éste en su conocimiento el acto jurídico que se formalizó en relación a la licencia.

LA PROGRESÍA “TRANSFORMADORA” Y LOS CAPOS EMPRESARIALES

Por encima de estos detalles concretos, los vínculos de relaciones entre el capo empresarial imputado y condenado, el periodista “progre", la juez estrella dePodemos y sus compañeros de partido de la vieja “izquierda” isleña vienen a poner de manifiesto un realidad sociológica que, hasta el momento, nadie ha señalado al referirse a este polémico caso.

 Reflejan, de manera evidente, como el ascenso político de esa confusa y  difusa “izquierda” integrada por miembros de la pequeña burguesía isleña,históricamente  subordinada a las clases dominantes del Archipiélago, no supondría ninguna mejora sustancial para las mayorías que, a falta de otros referentes auténticamente populares, han depositado en ellos sus esperanzas de cambio.

 Y, porque no decirlo, también la verdadera calidad moral de esta informe amalgama de abogados, sindicalistas subvencionados, jueces, periodistas, militares y trepas del montón,  que ha visto en la nueva formación socialdemócrata de Pablo Iglesias una magnífica oportunidad de colocación.

LANZAROTE: LOS RESPONSABLES DE LA EMPRESA DE AGUA INALSA AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS"

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El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, en Lanzarote,  aceptó elpasado 13 de octubre que la formación política Alternativa Ciudadana 25 de mayo se persone como acusación popular en las diligencias que investigan la gestión de la empresa de aguaInalsa.

    El caso nace de la denuncia interpuesta por esta misma formación en el año 2013, después de impugnar en tres ocasiones las decisiones tomadas para privatizar la empresa, que no fueron tenidas en cuenta.

Las cinco sindicalistas que asaltaron la CCE, absueltas

El fallo de la magistrada Eva Armesto declara probado que en la jornada del 8 de marzo de 2012 las acusadas se dirigieron a la sede de la Confederación en el número 54 de León y C astillo y «tras entrar en el despacho reservado de Marina Cabrera sin autorización, trataron de desplegar una pancarta desde una de las ventanas del edificio».
Apunta que lo hicieron «en contra de la voluntad de Marina Cabrera y de otros dos trabajadores que intentaron impedirlo sin éxito.

La sentencia considera probado que, si bien uno de los que trataron de impedir el acto reivindicativo resultó herido de levedad –excoriación  un codo– ello fue por accidente y no por acción de las activistas.

Concluye que, desde esta perspectiva, los hechos no pueden ser considerados como un delito de allanamiento de morada, pues este tipo penal exige que, además de una actuación contra la voluntad del titular del domicilio, concurra violencia o intimidación, lo que no se desprende de los hechos probados.

La permeabilidad de la Justicia

Manuel Mederos / Las Palmas de Gran Canaria/Canarias7
El terremoto político que vive Canarias en estos días ha tapado algunos episodios de la Judicatura que merecen algún reproche, sobre todo porque ponen sobre el alero la permeabilidad judicial frente a la política o a mediadores a sueldo. ¿Qué hace el expresidente del Tribuanl Superior de Justicia declarando en un juicio sobre sucias trapisondas de Rodríguez Batllori como asesor de Dimas Martín? ¿Por qué Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, decide aplazar el juicio del caso Faycán para evitar que coincida con las elecciones favoreciendo a la candidata del PP y acusada María del Carmen Castellano? ¿Hasta qué punto una sentencia judicial  en sus hechos probados puede dejar en el aire reproches a un diputado del PP como Jorge Rodríguez y proceder a decretar su absolución? Son interrogantes que merecen una reflexión.

Francisco Rodríguez Batllori ha sido el único viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias que ha recibido un homenaje unánime de la Judicatura. Jueces, fiscales y abogados se deshicieron en loas a su gestión para, años después, renegar de la figura al contemplar las imágenes de su detención y conocer sus trapicheos en las alcantarillas de la política. Batllori se constituyó en asesor de Dimas Martín, por lo pronto único político de raza en la cárcel por sus prevaricaciones, y medió ante Antonio Castro Feliciano, en aquel momento presidente de la Audiencia Provincial,  para mitigar su situación penitenciaria. Así lo pone de manifiesto la investigación y el fiscal que entiende que político aprovechó los contactos en la magistratura para mediar a favor de Dimas Martín. De hecho en la celda que el político conejero habita en Tahiche se encontró una misiva de Batllori en la que le comunicaba su labor ante magistrados y fiscales y le remitía una factura de 3.500 euros que fueron pagados por el Ayuntamiento de Arrecife tras la orden del propio Dimas Martín. Sobre el particular  existen grabaciones de conversaciones entre Batllori y el propio expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que podrán salir a relucir en el juicio que la Audiencia Provincial tiene previsto celebrar el 16 de octubre y en el que Antonio Castro interviene como testigo de la defensa de Batllori.  Feo asunto que dispara la imaginación. Creo capaz a Batllori de hacer las gestiones que dice el fiscal que hizo, pero me cuesta creer que Antonio Castro Feliciano o el fiscal jefe  aceptaran mediar para favorecer a Dimas, pero el solo hecho de ser llamado a declarar por la defensa de Batllori compromete al propio Castro y a la Judicatura, tan denostada en los tiempos que corren.
El otro episodio lo protagonizó la pasa semana el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, al anunciar que no señalará el juicio del caso Faycán hasta después de las elecciones de mayo de 2015. Según Moya, después de ocho años diez meses más de retraso no suponen gran cosa. Es el mismo magistrado que arrancó grandes titulares después de criticar severamente a la Justicia por el retraso que sufrió el caso Icfem.  La intención del juez tiene mucha más enjundia política porque justifica su decisión, y la de la sala sexta, en la candidatura de María del Carmen Castellano, una de las principales acusadas, a la Alcaldía de Telde por el Partido Popular, decisión que además le parece «sensata».
Creo que la sensatez va unida ineludiblemente a la diligencia y si este caso de corrupción en Telde está ultimado y sólo pendiente de señalamiento. Lo lógico es celebrarlo caiga quien caiga. Espero que tanta gentileza y sensatez con el PP de Telde no tenga nada que ver con el hecho de que Moya ocupó también la viceconsejeria de Justicia en la etapa del PP en el Gobierno regional. Sea como sea, la ley no prevé este tipo de decisiones que hay que considerar personales y es más que evidente que vuelven a poner en tela de juicio una institución tan vapuleada por la crisis social que vive el país. Lo que se espera de los jueces no es precisamente gestos hacia las tramas presuntamente corruptas y hacia los políticos sino sentido común y sensibilidad ante una sociedad que reclama, más que nunca, ejemplaridad. 
La sentencia del caso Europa por la que se absuelve al diputado del PP Jorge Rodríguez es otra de las incomprensibles actuaciones judiciales. La sala de lo penal y civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias absuelve al diputado, pero deja en sus hechos probados toda una argumentación que pone en tela de juicio la dignidad que le debió devolver el fallo y genera un reproche ético sin precedentes. Al final hay que concluir que Rodríguez intervino en los trapicheos de la empresa Europa para penetrar en el municipio de Telde y que cobró como abogado por sus gestiones a través de informes, poco claros según refleja el fallo,  pero su intervención no fue «tan intensa» que permita suponer que transgredió las líneas rojas del derecho penal. Lo hizo, pero no con la fuerza necesaria. Rodríguez habló con unos y con otros y logró que la empresa entrara en Telde con un concurso a su vez amañado por funcionarios corruptos que sí han sido condenados. Incomprensible razonamiento que se salva con el indubio pro reo pero que pone en tela de juicio la labor de algunos magistrados que se estrellan contra la percepción de una sociedad cada día más sorprendida por la actuación de la Justicia.

Un magistrado del Supremo asesoró al principal imputado en un caso de corrupción en Lanzarote

Fernando Becerra recibe explicaciones de Luis Lleó
sobre la hoja de ruta para sobornar supuestamente a Carlos Espino,
en el Café La Unión, el 22 de julio de 2008.

El imputado, Luis Lleó Kuhnel, también fue asesorado por otro magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

Una queja ante el Consejo del Poder Judicial aflora cómo Aguallo Avilés y Sánchez Yllera sugerían fórmulas para evadir impuestos

El magistrado de la Audiencia recomendaba a su cliente cómo desprestigiar al político del PSOE que denunció la trama de corrupción

Ambos compatibilizaban irregularmente su asesoramiento al empresario con su condición de letrados del Tribunal Constitucional

Sánchez Yllera, que fue jefe de Gabinete de Fernández de la Vega, facturaba a través de su pareja, la abogada María José Vizcaíno

+ info: http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Supremo-Audiencia-Madrid-corrupcion-Lanzarote_0_274373111.html

Le quitan el paro y pierde hasta la casa por un error administrativo

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Hernán, junto a su abogada, Beatriz Pérez Báez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias aceptó en días pasados el desesperado recurso de un trabajador que, un buen día de hace cuatro años fue a buscar trabajo y, por mor de un error administrativo, acabó perdiendo hasta la casa. Esta es su historia.
“Nunca había estado en el paro. Por eso buscaba empleo siempre que podía, aunque me quedase más de año y medio de prestación”. Así arranca su relato Hernán, un obrero que el 26 de enero de 2009 se presentó en una pequeña empresa de Las Chafiras donde buscaban a un soldador. “Éramos tres, así que el capataz nos pidió que soldáramos una pequeña pieza de prueba para saber quién lo hacía mejor. Cuando me tocó a mí, me tocaron en la espalda: era la inspectora”.
No hubo manera de convencerla, a pesar de la insistente negativa tanto por parte de Hernán (“¡Iba vestido de calle! ¿Quién se pone a soldar vestido de calle?”).
En el acta puso que hasta había reconocido que “estaba a prueba”, dando por hecho que se encontraba ante una infracción muy grave que tanto el jefe de Inspección como la Dirección General de Trabajo ratificaron posteriormente: Hernán no solo perdió lo que le restaba de prestación sino que tuvo que devolver lo cobrado desde aquel infortunado día de la prueba, mientras que la empresa fue sancionada.
“Lo peor es que la prueba era para un trabajo de un mes, y para colmo la empresa cerró al poco tiempo. Todo fue peor desde entonces”, se lamenta Hernán, superviviente de una espiral de adversidades que pasan por la enfermedad de su esposa, que a los dos meses sufrió una parálisis que le ha dejado en situación de dependencia, y la imposibilidad de pagar la hipoteca, lo que a finales del año pasado se tradujo en desahucio.
“No quisimos armar lío, sino que recogimos y nos fuimos: vivíamos con los 400 euros de ella nada más”. Lo del empleo ya sabemos todos cómo está en Canarias, una de las regiones con más paro de Europa.
Pero durante tanto infortunio, algunos rayos de sol. Hernán y su mujer descubren con asombro que Trabajo no lo emplea en la cerrajería donde hizo la prueba sino en otra de Valle San Lorenzo cuyo propietario también se llama Hernán.
A partir de ahí, la actitud de los funcionarios cambia y la misma inspectora que genera el desastre es quien indica un día a la mujer de Hernán que debe recurrir y dónde para evitar que la decisión sea firme, ante la imposibilidad de dar marcha atrás.
Al solicitar abogado de oficio, les cae en suerte la letrada tinerfeña Beatriz Pérez Báez, que defiende con tanto tino el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La sentencia da la razón a Hernán en la forma y en el fondo. En la forma porque todas las comunicaciones de la Inspección se realizan a una dirección inexacta de ese piso de San Isidro sobre el que ahora han perdido todos los derechos.
En el fondo, porque si bien el acta de la Inspección goza de presunción de veracidad, no basta con proclamar que Hernán fue sorprendido en un trabajo remunerado sin aportar prueba alguna de que tal afirmación se adecua a la realidad.