R. Acosta
La economía sumergida en Canarias mueve unas cifras de empleo y dinero
difícilmente asumibles en una sociedad desarrollada. Que haya 122.000
puestos de trabajo no declarados en las Islas supone alrededor del 40 %
de los parados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad
Autónoma. Pero el dato es más alarmante cuando se baraja que la
actividad económica irregular mueve en el Archipiélago un volumen de
fondos superior al actual presupuesto autonómico, entre 7.000 y 8.000
millones de euros, según las cifras que maneja la Dirección General de
Trabajo del Ejecutivo autonómico.
Una simulación realizada entre lo
s años 2005 y 2011 refleja cómo la población ocupada en las Islas se ha mantenido prácticamente estancada en los siete años analizados, mientras que el número de parados se ha incrementado sin cesar y, con ellos, los empleos irregulares. A medida que la crisis se ha ido profundizando, el desempleo ha ido incrementándose exponencialmente y los parados se han quedado sin prestaciones y ayudas, los trabajos en negro han aumentado. Según el estudio, en 2005 había en Canarias cerca de 12.000 empleos sumergidos, cifra que se disparó a partir de 2008 y que no ha parado de crecer a medida que han empeorado las condiciones de vida de los desempleados.
Los dos principales argumentos que se
esgrimen para explicar el motivo por el que no se ha producido un
estallido social en Canarias ante tanto paro y tanta pobreza es el apoyo
familiar y la economía sumergida, es decir, la obtención de ingresos
fuera de los cauces legales a través de trabajos sin declarar.
Después de un cierto periodo de relajamiento y permisividad por parte de las administraciones públicas competentes, a lo que hay que añadir la insuficiencia de personal en la Inspección de Trabajo, se han incrementado las medidas y la coordinación para luchar contra la economía sumergida a través de varios instrumentos, entre ellos la denuncia ciudadana del fraude y el empleo irregular, por un lado, y la intensificación del control y la inspección, por otro.
Tanto la Seguridad Social como el Gobierno canario advierten de que la economía sumergida merma los derechos de los trabajadores, permite la competencia desleal entre empresas y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Son argumentos de peso para combatir el empleo irregular, pero en una comunidad con unas tasas de riesgo de exclusión social tan elevadas también supone un riesgo descubrir las innumerables chapucillas que se hacen si no se ofrecen alternativas.
La economía sumergida en Canarias mueve unas cifras de empleo y dinero
difícilmente asumibles en una sociedad desarrollada. Que haya 122.000
puestos de trabajo no declarados en las Islas supone alrededor del 40 %
de los parados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad
Autónoma. Pero el dato es más alarmante cuando se baraja que la
actividad económica irregular mueve en el Archipiélago un volumen de
fondos superior al actual presupuesto autonómico, entre 7.000 y 8.000
millones de euros, según las cifras que maneja la Dirección General de
Trabajo del Ejecutivo autonómico.Una simulación realizada entre lo
s años 2005 y 2011 refleja cómo la población ocupada en las Islas se ha mantenido prácticamente estancada en los siete años analizados, mientras que el número de parados se ha incrementado sin cesar y, con ellos, los empleos irregulares. A medida que la crisis se ha ido profundizando, el desempleo ha ido incrementándose exponencialmente y los parados se han quedado sin prestaciones y ayudas, los trabajos en negro han aumentado. Según el estudio, en 2005 había en Canarias cerca de 12.000 empleos sumergidos, cifra que se disparó a partir de 2008 y que no ha parado de crecer a medida que han empeorado las condiciones de vida de los desempleados.
Los dos principales argumentos que se
esgrimen para explicar el motivo por el que no se ha producido un
estallido social en Canarias ante tanto paro y tanta pobreza es el apoyo
familiar y la economía sumergida, es decir, la obtención de ingresos
fuera de los cauces legales a través de trabajos sin declarar. Después de un cierto periodo de relajamiento y permisividad por parte de las administraciones públicas competentes, a lo que hay que añadir la insuficiencia de personal en la Inspección de Trabajo, se han incrementado las medidas y la coordinación para luchar contra la economía sumergida a través de varios instrumentos, entre ellos la denuncia ciudadana del fraude y el empleo irregular, por un lado, y la intensificación del control y la inspección, por otro.
Tanto la Seguridad Social como el Gobierno canario advierten de que la economía sumergida merma los derechos de los trabajadores, permite la competencia desleal entre empresas y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Son argumentos de peso para combatir el empleo irregular, pero en una comunidad con unas tasas de riesgo de exclusión social tan elevadas también supone un riesgo descubrir las innumerables chapucillas que se hacen si no se ofrecen alternativas.
