No hay estadísticas oficiales, y además los partidos y la mayoría de
los gobiernos locales afectados no suelen dar datos de buena gana. Pero
la realidad es que en
al menos 17 de los 31 municipios de Tenerife hay causas penales abiertas, cuyo número supera la treintena, y que afectan a políticos que están o estuvieron en gobiernos de los ayuntamientos.
De las causas conocidas, el
PSOE encabeza esta clasificación, con imputados en 11 municipios, seguido por
CC, en 8, y el
PP en
4. Quedan fuera de este listado algunos casos en su fase inicial,
diligencias de la Fiscalía, y que aún no se han traducido en
imputaciones por parte de un juez. En la mayoría de casos se trata de
esclarecer presuntos delitos de prevaricación, incluida la urbanística,
tráfico de influencias o malversación de fondos.
