"No he derribado mi casa porque no tengo otro lugar
donde vivir", asegura Josefa Hernández, una mujer de 62 años condenada a
seis meses de prisión por haber fabricado en el Parque Rural de
Betancuria, una zona protegida de Fuerteventura. La sexagenaria alega
que está preocupada por el futuro de las cinco personas que viven a su
cargo, una hija con un 39% de discapacidad, un hijo desempleado y tres
nietos menores.
Minutos antes de su embarque a
Lanzarote -donde debe cumplir su condena en la prisión de Tahíche- sobre
las 14:00 horas de este viernes, la mujer sufrió un desmayo, por lo que
fue atendida en primera instancia en el centro
de salud de Corralejo, para, posteriormente, trasladarla a urgencias
del Hospital General de Fuerteventura. Su hija Minerva Zerpa
declaró este viernes a Canarias Ahora que
su madre comenzaba a "sentirse mal" y a tener de nuevo "constantes
subidas de tensión". Ya por la tarde, la Abuela Josefa, como comienzan a
conocerla en Fuerteventura, abandonó el hospital, con la huelga de
hambre que comenzó el pasado miércoles finalizada y dispuesta a entrar
en la cárcel en cuanto se lo digan.
"Si por mí fuera, mañana mismo", ha
señalado a Efe Josefa Hernández, de 62 años, a la salida del Hospital
General de Fuerteventura, donde ha sido asistida por la subida de
tensión y el ataque de ansiedad que sufrió en el puerto de Corralejo.
Esta hija, que la ha acompañado durante estos días en la
huelga de hambre, asegura que el hecho de no poder estar cerca de su
familia es lo que más preocupa a Josefa Hernández. "Mi madre es quien se
hace cargo de mis sobrinos, porque mi hermana no puede por su
enfermedad" y añade que "ahora probablemente se los lleven las
asistentas sociales".
Zerpa cuenta que en esta casa
su madre, sus hermanos y sobrinos viven con apenas 740 euros al mes; la
pensión de su madre que es de 320 euros y la prestación por desempleo de
su hermano de 420 euros, "con este dinero es imposible pagar un
alquiler" sentencia. Y es que si esta familia tuviera unas mejores
condiciones económicas afirma que no vivirían en esta casa, que además
no está bien acondicionada. "Mi madre no ha dejado de repetir que si le
dieran una vivienda social la aceptaría", puntualiza.
La madre de Minerva llegó a Fuerteventura hace 23 años y tiene siete
hijos, edificó esta casa hace 16 años en un terreno que heredó de sus
padres. En 2012, una sentencia firme del Juzgado de
lo Penal Número dos de Puerto del Rosario condenaba a esta mujer a pagar
700 euros, demoler la vivienda y cumplir seis meses de prisión. Esta
cantidad Josefa ya la ha abonado pero es la negativa de derrumbar la
construcción lo que le ha hecho que tenga que cumplir condena en la
cárcel.
La hija denuncia
además que esta zona se declaró Parque Rural después de que la vivienda
hubiese sido construida. Concretamente, el Gobierno de Canarias lo
ratificó así en el año 2009.
El caso ha
causado una enorme indignación en Fuerteventura, donde se han acercado
numerosas personas a brindar su apoyo así como personalidades políticas.
Tanto el alcalde del Ayuntamiento de Betancuria, Marcelino Cerdeña, el
presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, así como
miembros de Podemos y de organizaciones como la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) se dirigían con ellas hace unas horas al Puerto de
Corralejo para embarcar hacia Lanzarote, en señal de protesta.
Además, en la plataforma Change.org se han recogido firmas desde el
pasado jueves, para luchar por esta causa y ya se superan las 10.000.
Los diferentes colectivos piden un indulto para esta vecina de
Betancuria y que se le proporcione una vivienda en condiciones en la que
pueda vivir con su familia.
