El sueldo de siete gerentes de empresas públicas supera al del presidente Rivero

El 29,7 % de los niños vive bajo el umbral de la pobreza en Canarias

EFE / Las Palmas de Gran Canaria

Unos 112.000 niños viven bajo el umbral de la pobreza en Canarias, lo que supone el 29,7 por ciento de la población infantil de las islas, según advierte Unicef en su informe "La infancia en Canarias 2012-2013".
Estos datos, que corresponden a 2010 y son los últimos disponibles, previsiblemente se han incrementado en el último tiempo como consecuencia de la crisis económica, ha indicado este miércoles el responsable de Políticas de Infancia de Unicef España, Gabriel González.
La tasa de niños menores de doce años en situación de pobreza en Canarias supera la media nacional, que fue del 26,20 por ciento en 2010 y del 27,2 por ciento en 2011.
La pobreza infantil se encuentra en gran medida asociada a la situación de desempleo de los padres de los menores, por lo que el elevado paro existente en el archipiélago (33 % de la población activa, la segunda tasa más alta de España) repercute sobre el bienestar de la infancia.
Esta situación está relacionada también con las condiciones salariales de los progenitores, por lo que los sueldos del archipiélago, inferiores de media a los del resto del Estado, también generan más dificultades económicas para los menores de las islas.

Canarias está entre las comunidades menos transparentes

EFE / Madrid

El Gobierno autonómico de Canarias está entre los menos transparentes de España, con un índice de 63,8 sobre 100, según un estudio elaborado por la organización Transparencia Internacional.
Los gobiernos autonómicos de Murcia y Castilla-La Mancha son los menos transparentes de España, mientras que los del País Vasco, La Rioja y Cantabria obtienen los mejores resultados en el estudio.
El informe, presentado este martes en Madrid, señala que todas las autonomías aprueban en el índice de transparencia y superan en conjunto la puntuación alcanzada en el anterior estudio, al conseguir una media de 79,9 (sobre 100), frente a la cifra de 71,5 de 2010.
Hasta siete autonomías consiguen el sobresaliente: País Vasco (97,5), La Rioja (97,5), Cantabria (95), Andalucía (92,5), Navarra (91,3), Castilla y León (90) y Galicia (90).
Junto a Murcia, con una puntuación de 55, y Castilla-La Mancha (58,8), en la parte más baja de la lista se sitúan la Comunidad Valenciana (63,8), Canarias (63,8) y Asturias (66,3).
Respecto al anterior informe, once autonomías han conseguido aumentar su nivel de transparencia, pero en seis ha descendido (Murcia, Madrid, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña).

Las personas que piden ayuda al Banco Alimentos crecen un 150 % en Las Palmas

EFE / Las Palmas de Gran Canaria
Los solicitantes de comida al Banco de Alimentos de Las Palmas han crecido más del 150 % en menos de dos años, al pasar de 16.700 personas en 2010 a 43.700 en el momento presente, según ha informado este martes esta entidad, a la que a diario llegan "hasta familias enteras" pidiendo ayuda.
"Por sí sola, la cifra ya dice lo que está pasando, somos un termómetro de la realidad", ha sentenciado el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Manuel Pérez, al dar a conocer ese incremento de solicitantes.
Y ha añadido que la tendencia ascendente de quienes reclaman auxilio también se está notando en Tenerife, donde el Banco de Alimentos provincial, que se formó más tarde que el de Las Palmas y tiene una trayectoria menos avanzada por ello, suministra ya comida a unas 25.000 personas.

El éxodo se deja sentir en la escuela

M. GÓMEZ, S/C de Tenerife
No hace mucho que las aulas canarias recibían sin cesar alumnos procedentes de otras regiones del mundo. El número de estudiantes foráneos se multiplicó prácticamente por cuatro en los primeros nueve años de la década pasada. Pero esto ha cambiado. El curso 2009-2010 marcó el cambio de tendencia. A partir de entonces la cifra comenzó a reducirse, primero lentamente y luego con más intensidad. El resultado: cuatro mil alumnos menos en solo tres años.
La crisis ha incidido con fuerza en el colectivo inmigrante. Aunque los datos oficiales -los del Instituto Nacional de Estadística (INE), por ejemplo- aún no lo reflejan, muchos han optado por regresar a sus países ante el deterioro de la situación económica y del mercado de trabajo en España y, en particular, en Canarias.
En el curso 2009-2010 había 33.250 extranjeros cursando estudios no universitarios en el Archipiélago. En el que arrancó el pasado mes de septiembre son 29.191, según cifras de la Consejería de Educación a las que ha tenido acceso este periódico. Y todo indica que la tendencia descendente continuará durante los próximos años.
A Juan Francisco Martín, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL), el dato le parece verosímil. A su juicio, el retorno de los inmigrantes a sus países ha sido "realmente espectacular", en especial en el caso de los de origen latinoamericano, los más numerosos. Martín considera que las previsiones del INE sobre el éxodo de extranjeros "se quedan cortas".
Este organismo contempla que Canarias seguirá presentando hasta 2021 un saldo migratorio exterior positivo -más llegadas que salidas-, pero el profesor de la ULL discrepa. De hecho, percibe que el saldo ya es negativo.
La explicación para este desfase entre la realidad y su plasmación estadística es que "los que se van muchas veces no se dan de baja" y, por lo tanto, siguen registrados como residentes. "Bastante atosigados están ya tratando de conseguir billetes baratos y organizando el viaje como para hacer esos trámites", argumenta Martín, quien sentencia: "Por esta razón no hay datos fidedignos del número de retornos".
Los bolivianos constituyen el colectivo que está regresando en mayor número, "casi masivamente". También lo hacen peruanos, colombianos y ecuatorianos. El fenómeno adquirió especial intensidad desde el año 2010. Hasta ese momento, "aguantaron como pudieron", según el geógrafo, pero cuando la mayoría se quedó en el paro y agotó sus prestaciones por desempleo optaron por volver a su tierra.

La crisis duplica las denuncias por mobbing en Canarias

ELENA HERNÁNDEZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE
 La historia se repite cada vez más dentro de las empresas canarias. El compañero competitivo o el jefe autoritario sobrecarga de trabajo, infravalora, ridiculiza o amenaza a un empleado. El trabajador acosado calla, pero su autoestima se va minando día tras día y al final cae en la desesperación. Se siente incomprendido, aislado e ignorado. Desde el comienzo de la crisis, el empeoramiento de las condiciones de trabajo y el "agarrarse a lo único que hay" ha duplicado los casos de mobbing en el Archipiélago. Sin embargo, el temor a peder el empleo ha moderado el incremento y ha provocado que en los últimos dos años fueran muchos los que optaron por aguantar lo intolerable sin acudir al juzgado.
En lo que va de año se han registrado 140 denuncias por acoso laboral en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 54 casos más que en 2007, cuando a la crisis económica aún ni se la esperaba. Además, según la Encuesta de Condiciones de Trabajo de 2011, un 13,11% de los canarios ha sentido violencia verbal y física, discriminación o aislamiento dentro de su empresa y una de cada cinco consultas que llegan a los sindicatos canarios tienen que ver con los riesgos psicosociales.
La reducción de plantillas, la inseguridad ante el futuro y el aumento de la carga de trabajo están multiplicando la aparición de patologías asociadas al estrés. Estos trastornos –sumados a las estrategias empresariales para desgastar a los trabajadores y lograr que se marchen sin recibir indemnización o a las maniobras de los compañeros que temen la competencia– provocan que el riesgo de ser víctima del mobbing, en la actualidad, sea el doble que hace seis años.
Sin embargo, los expertos matizan que el temor a perder el empleo está reduciendo el número de denuncias que llegan a los juzgados. Durante el 2011 se realizaron 70 actuaciones más sobre acoso laboral que en el mismo período de 2012. Con una tasa de población activa del 63,3% en este último semestre, los canarios se atreven, cada vez menos, a denunciar y poder perder así su empleo.

Comida de la UE enviada a España para los más necesitados acaba en la basura

Hace apenas cinco años habría sido una anécdota. Indignante, pero solo una anécdota. Hoy, en una comunidad autónoma como Canarias, que sufre un 33% de paro, una tasa de pobreza del 34% y la cesta de la compra más cara, el hallazgo de comida en contenedores de basura resulta insultante. Y más aún si los alimentos provienen de las ayudas de la Unión Europea (UE) y ni siquiera están caducados, como la mayoría de los que descubrió esta semana la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar, cuyo portavoz, Eloy Cuadra, califica el hecho de, sencillamente, «imperdonable».

Cajas con quesos, harina, sopas y zumos, con los distintivos de la UE y del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y que debían distribuirse como parte del «Plan de ayuda a las personas más necesitadas», fueron descubiertas por miembros de la plataforma entre la basura en un barrio de la capital tinerfeña. El FEGA compra la comida del plan con fondos europeos y la envía después a entidades como los bancos de alimentos o la Cruz Roja, que se encargan de distribuirla entre las asociaciones que finalmente la entregan a las personas. En el caso de Canarias, y en concreto de Santa Cruz de Tenerife, Cuadra considera que existe un evidente «descontrol».

El portavoz de esta plataforma explica que recibieron un aviso de que, en el barrio de García Escámez, una asociación había tirado a la basura comida de la beneficencia. Allí encontraron recipientes con quesos aptos para el consumo hasta el próximo año, harina caducada hacía un mes, sopas y tetrabriks de zumos, alimentos todos con los sellos de la UE y del FEGA. «No se está cumpliendo el reglamento municipal ni tampoco la normativa del Estado», lamenta Cuadra, que explica que la Policía Local, a instancias de su colectivo, acudió al barrio y redactó el correspondiente atestado.

Sobre las razones que explican este hecho, sucede que hay asociaciones distribuidoras que no cuentan con neveras, como tampoco con almacenes en condiciones, de ahí que la comida acabe en los contenedores.

La Administración ausente

«No se trata de echar la culpa a las asociaciones de vecinos y demás, que no tienen neveras ni la formación necesaria para hacer los repartos en condiciones, sino de exigir que sea la Administración la que tome cartas en el asunto», afirma. No en vano Cuadra recuerda que en una situación tan dramática como la que atraviesan Canarias y otros territorios del país, la distribución de los alimentos de la beneficencia ya no puede quedar exclusivamente en manos de las ONG.

Sin embargo, desde el Banco de Alimentos de Tenerife, a quien la plataforma achaca parte de la responsabilidad de ese «descontrol», su presidente, Hernán Cerón, aclara que todas y cada una de las 127 instituciones con quienes trabajan cuentan con las dependencias necesarias para el almacenamiento de la comida. Por otra parte, puntualiza que si no tienen neveras es porque no se les suministran alimentos perecederos, que sí se dan, por ejemplo, a determinados comedores sociales. «Me cuesta creerlo», subraya Cerón, que, en todo caso, agrega, sería un suceso aislado. «Puede ser un caso puntual, pero no tenemos información alguna al respecto».

Cruz Roja señaló, en cambio, que se «están realizando las gestiones oportunas con el fin de averiguar fehacientemente si alguna entidad beneficiaria de los alimentos» que reparte Cruz Roja pudo incurrir en esta irregularidad. La organización aseguró que de encontrar alguna anomalía la comunicará al Ministerio que es «el competente para tomar las medidas oportunas», incluso la baja de esa institución en el plan de reparto.

La gestión de los alimentos en Tenerife no ha vivido solo este episodio en estos días. La plataforma por las personas sin hogar se ha dirigido al Ayuntamiento para que cumpla con sus obligaciones de servicio público en otros casos que denuncian, como los «cientos de kilos de arroz pagados por Europa con fecha de caducidad para el 2014 que circulaban clandestinamente por la ciudad con destino a los perros», las largas colas que se forman para pedir comida, o que se obligue a las familias «a humillarse asistiendo a concurridas charlas sobre autoestima como condición indispensable para recibir unas bolsas de comida pagada por Europa». Así lo han expresado en una carta entregada ante el Ayuntamiento.