M. Á. MONTERO / Santa Cruz de Tenerife
La destrucción de empleo ha alcanzado ya al sector público,
y Canarias no es una excepción. Si hasta el tercer trimestre de 2011 la Administración venía aumentando su plantilla,
y ello a pesar de la crisis, desde entonces son miles las personas que
han perdido su trabajo. Octubre del año pasado, pues, marca el momento
en que los despidos que desde 2007 sufre el sector privado se
extendieron por el ámbito institucional. A partir de ese mes, 14.500 empleados
de ayuntamientos, cabildos y administraciones autonómica y estatal han
engrosado la larga lista de parados del Archipiélago. Dicho de otro
modo: son cada día alrededor de 54 los asalariados del sector público
canario que se quedan sin ocupación.

Cambio de escenario
Pero esta excepción que suponía el sector público, capaz de
incrementar su número de empleados y, por tanto, de amortiguar siquiera
algo la expulsión de mano de obra de las empresas, ha terminado. Si
octubre de 2011, tras cuatro años de crisis, se iniciaba con las
susodichas 147.700 personas contratadas por ayuntamientos, cabildos,
gobiernos y demás, al finalizar el año eran «solo» 139.400. En
consecuencia, la misma Administración que durante un cuatrienio había
omitido los ajustes de plantilla que muchos reclamaban dejaba ahora en el paro, en solo tres meses, a 8.300 trabajadores de las Islas.
Además, esta destrucción de empleo público no parece que
vaya a acabar pronto, y así se desprende de las estadísticas del INE.
Tras transcurrir el primer trimestre de este año, ya no eran 139.400 los
asalariados de las instituciones, sino 136.800, y la tendencia
continúa. No en vano esta cantidad se redujo a 133.200 en los meses de
abril, mayo y junio, siempre según la información de la Encuesta de
Población Activa (EPA). Los recortes y la reforma laboral son las causas
de este nuevo escenario. Esta última permite el despido procedente con
el pago de solo 20 días por año trabajado en las empresas públicas,
tales como las canarias Visocan, Grafcan, Hecansa o Proexca, si se
demuestra «insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente», un supuesto que hoy es realidad en muchas de estas sociedades.
De 2007 a 2012
Cuando comenzaba el último trimestre de 2007 y el término
«subprime» era cada vez más repetido por los ciudadanos, eran 780.800
los trabajadores de la comunidad autónoma. Los empleados del sector
público eran 141.800 y los del sector privado, 639.000. En términos
relativos, los primeros representaban el 18,2% del total y los segundos,
el 81,8. Después de cuatro años y medio de crisis, las instituciones
cobijan a aquellas 133.200 personas; las empresas, a apenas 501.200. Así
que el declive ha sido tal que los 780.800 asalariados de octubre de 2007 son hoy 634.400 (146.400 menos) y los ocupados en el ámbito público suponen el 21%.