
La dueña del piso, Julia Rodríguez, desempleada, madre de cuatro niñas de 10, 12, 14 y 16 años y con un esposo enfermo en espera de una ayuda por invalidez, se ha acogido a una prórroga de un mes en la ejecución del desahucio que había fijado inicialmente la autoridad judicial para esta mañana, asesorada por miembros de ambos colectivos, concentrados a las puertas del inmueble.
Julia Rodríguez y su familia viven en un piso de protección oficial del barrio Almatriche que hipotecaron por 42.000 euros hace siete años a fin de hacer frente a gastos de equipamiento de la casa y otros, según ella misma ha relatado entre enseres empaquetados en una vivienda casi vacía ya de muebles, sacados días atrás de allí por temor a que se hiciera efectivo el desahucio.
Esa medida fue ordenada por un juzgado como culminación de un proceso que se inició hace más de año y medio, a raíz del impago de tres mensualidades de unos 260 euros cada una, que llevó al banco a ejecutarle la hipoteca, conforme a su relato.